Los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia aún defienden a Pedro Castillo como presidente de Perú y piden respeto para él.
Este lunes, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia expresaron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo”, al que aún consideran presidente de Perú y que ven como “víctima de un antidemocrático hostigamiento”.
En un comunicado (hecho en conjunto) los cuatro países aseguraron que Castillo está siendo “objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio” y pidieron que se respete la “voluntad ciudadana” expresada en las urnas por el pueblo peruano.
“Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas”. Así lo sentenciaron en el comunicado publicado. Esto, después de que muchos de ellos ya hubiesen expresado su preocupación por la crisis en Perú desde que Castillo decidió disolver el Congreso.
Con ese llamado, además, piden a “quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio” y a las autoridades que “respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial”.
Pronunciamiento
A continuación, se muestra el pronunciamiento completo hecho por los cuatro países latinoamericanos:
«Los gobiernos de la República de Colombia, de los Estados Unidos Mexicanos, de la República Argentina y del Estado Plurinacional de Bolivia expresan su profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú.
Para el mundo no es novedad que el presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de Costa Rica”, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención.
Nuestros gobiernos hacen un llamado a todos los actores involucrados en el anterior proceso para que prioricen la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio.
Solicitamos de las autoridades que respeten a cabalidad los derechos humanos del presidente Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado.«
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