Familiares del abogado Ricardo Arturo Lagunes y del líder indígena Antonio Díaz, ambos desaparecidos el pasado domingo 15 de enero en Michoacán, se manifestaron este jueves frente a Palacio Nacional, en la Ciudad de México (CDMX), para exigir su localización con vida y pedir que la Fiscalía General de la República (FGR) intervenga en el caso.
Durante una entrevista con la agencia EFE, Raquel Camacho, prima de Ricardo Lagunes, explicó que la protesta tiene como finalidad «hacer visible el caso ante las autoridades federales, sobre todo ante la FGR, porque como el caso está derivado en los estados a veces los procesos no están unificados y esto hace que se hagan muy lentas las búsquedas de las personas».
Asimismo, señaló que representantes de la Comisión Nacional de Búsqueda les informaron que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán como la FGE de Colima ya se encuentran investigando el caso. Sin embargo, Camacho reveló que no han recibido respuesta por parte de la FGR, encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Por su parte, la representante de la organización «Aluna Acompañamiento Psicosocial», Jessica Arellano, expuso que la desaparición forzada podría estar ligada a conflictos locales que involucran a los gobiernos locales, por lo que insistió en la importancia de que la FGR atraiga el caso.
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Ricardo Lagunes es abogado litigante de San Miguel Aquila, comunidad indígena que ha defendido la tierra frente a la minería desde 1998, actualmente la compañía Ternium. Al respecto, Arellano explicó que «esta minera ha incumplido acuerdos con la comunidad, por ello es que la comunidad (indígena nahua) está en este litigio».
Tanto Ricardo Lagunes como Antonio Díaz participaron en una asamblea local para tomar acuerdos. Al finalizar el encuentro, ambos activistas salieron de Aquila con dirección a la capital de Colima, donde se les perdió el rastro.
Las autoridades de Colima y Michoacán confirmaron el hallazgo de la camioneta en la que viajaban los desaparecidos, localizada en estado de abandono cerca de Cerro de Ortega, Colima, a unos kilómetros de la frontera con Michoacán. De acuerdo con los familiares, el vehículo presentaba impactos de arma de fuego.

