El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, anunció este viernes 20 de enero que convocará al Consejo Universitario de Ética para revisar el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, acusada de plagiar su tesis de licenciatura, pues la institución a su cargo no actuará apresuradamente ante presiones externas.
Dicho comité, explicó, revisará los dictámenes y documentación proporcionados por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón a fin de dar cabida al proceso al que toda persona tiene derecho.
Durante una conferencia de prensa, el rector recordó que, tras analizar meticulosamente los textos y las pruebas aportadas por los involucrados, la UNAM «concluyó que existe una copia sustancial en la tesis que presentó en 1987, como parte integral de los requisitos para su recepción profesional y expedición del título correspondiente, la entonces alumna de esa entidad académica, Yasmín Esquivel Mossa».
Además de calificar de «inadmisible» a la falta de integridad académica que demostró la ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Enrique Graue consideró que la situación «ha lastimado severamente a la Universidad Nacional y a las decenas de miles de estudiantes, académicos, tutores de tesis y egresados que empeñan y han empeñado un inmenso esfuerzo en cumplir a cabalidad, con ética y rigor académico, con este requisito».
Asimismo, reconoció que el plagio de una tesis «no es cosa menor, es una conducta reprobable, una usurpación de ideas y talentos. Es un acto que pone en entredicho la ética y la moral de quien lo comete, y ofende a quienes se esmeran en cumplir con este requisito académico».
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Señaló que solicitó la opinión calificada de la Oficina de la Abogacía General para determinar si la normatividad universitaria vigente permite a la máxima casa de estudios retirar o anular un título profesional por estos motivos. Sin embargo, explicó, «la opinión fue que la Universidad Nacional y sus autoridades carecen de facultades legales para ello».
Enrique Graue reconoció la «indignación» que ha provocado a nivel nacional «un caso que, como el que nos ocupa, pueda quedar impune y solo con el desprestigio profesional y social derivado de los debates que en torno a él se han suscitado».
«La Rectoría, depositada en mi persona, de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo en el marco de la legislación universitaria. No puedo, ni debo, ir más allá de lo que la normativa nos permite.
«Sé muy bien que el prestigio de esta administración y el de nuestra casa de estudios, están en entredicho; pero no por eso actuaremos en forma apresurada e irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios», expresó el rector.
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