Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) determinara que el choque de convoyes en la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro ocurrió a causa de conducción negligente y el corte intencional de cables, los abogados que representan a la familia de la víctima fatal, Yaretzi Adriana Hernández, rechazaron el peritaje presentado este viernes 27 de enero.
El abogado Christopher Estopiñán informó que no aceptarán «que se quiera fincar toda la responsabilidad al conductor y a un supuesto sabotaje, culpándolo de toda la tragedia a él».
Asimismo, afirmó que «en las declaraciones previas quedó demostrado que existían problemas en la comunicación, señalización y pilotaje automático que no se atendieron a tiempo y a pesar de ello se permitió la prestación del servicio, asumiendo el riesgo de una tragedia».
De acuerdo con el peritaje de la Fiscalía de la CDMX, las autoridades del Metro registraron una falla en la señalización del túnel un día antes del accidente. Tras el cierre del servicio, el equipo técnico detectó que acudió al tramo afectado detectó «un enorme daño material causado por la quema determinada de los cables en uno de los registros ubicado en la zona oriente de la estación Potrero».
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Por ello, Estopiñán consideró que el «Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no tiene el debido control interno para garantizar la seguridad de los usuarios ni en su mantenimiento, ni en la posibilidad de evitar unos supuestos sabotajes».
Y cuestionó: «¿Qué hacía el vagón que estaba parado? ¿Porque no se comunicó el puesto central de control con el tren 24 para avisarle que el tren 23 estaba parado en una zona de baja visibilidad?».
Finalmente, el litigante acusó que, «de manera descarada, (la Fiscalía de la CDMX) culpa a un trabajador de la tragedia que acabó con la vida de una joven estudiante y dejó 106 heridos, dejando vergonzosamente sin ninguna responsabilidad al Sistema de Transporte Colectivo Metro».
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