De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022, México es el país con mayor percepción de corrupción de la OCDE. En el índice divulgado por la organización Transparencia Internacional, México cayó del sitio 124 al 126 de 180 países evaluados. Esto implica una peor posición del país en lo que se considera el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público.
Por tercer año consecutivo, México obtuvo una calificación de 31 puntos sobre 100 en el IPC. De acuerdo con lo expuesto por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, el país tiene la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán.
De acuerdo con el comunicado, “entre los 38 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México ocupó la última posición. En el llamado G20, el grupo que incluye a las principales economías del planeta, México y Rusia ocuparon los últimos lugares.”
Los países de América Latina mejor evaluados son Uruguay, que ocupa el lugar 74, Chile el 67 y Costa Rica el 54. Cabe señalar que estos son los únicos piases de la región con un puntaje superior a 50 puntos.
México también estuvo por debajo de otros países de la región con bajo puntaje. Cuba obtuvo 45 puntos, Colombia alcanzó 39, Argentina y Brasil empataron con 38, Ecuador, Panamá y Perú con 36, El Salvador con 33 y República Dominicana con 32 puntos.
De acuerdo con la organización que divulgó el índice, los resultados de México apuntaban a una tendencia positiva en 2019 y 2020. Durante estos años, el país alcanzó el puesto 124 después de estar en el 130.
Falta de fallos firmes acabó con tendencia positiva en México
Así pues, apuntaron que “la ausencia de sentencias firmes” en los casos emblemáticos de corrupción acabaron con la tendencia positiva. Entre los casos más importantes se encuentran los sobornos de la brasileña Odebrecht, los de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la “Estafa Maestra” del sexenio anterior (2012-2018).
Estos “han puesto en duda la capacidad de la Fiscalía General de la República para ir más allá de la denuncia y llevar a los responsables a juicio”, sentenció el organismo.
Posteriormente, Transparencia Internacional afirmó que “cada vez hay más evidencia pública de que las autoridades responsables de la impartición de justicia en esta materia podrían utilizar estas instituciones con un sesgo político-electoral”.
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