El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) negó este jueves la solicitud de licencia por tiempo indefinido presentada por Christian von Roehrich, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), acusado de presunta asociación delictuosa y uso ilegal de atribuciones como servidor público durante su periodo al frente de la alcaldía Benito Juárez.
Argumentando que el exalcalde se encuentra prófugo de la justicia, los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) rechazaron, con 27 votos a favor y 23 en contra, permitirle a Christian von Roehrich separarse de su cargo por tiempo indefinido.
En cambio, la bancada del PAN respaldó a su compañero y recordó que es su derecho pedir una licencia para enfrentar los delitos que le imputa la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).
«Lo que quieren no es que pida licencia, sino que pierda la calidad de diputado», acusó Ricardo Rubio Torres, diputado del PAN, durante la sesión ordinaria de este jueves 09 de febrero.
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Sin embargo, la morenista Nancy Núñez criticó que Christian von Roehrich no asistió a las reuniones de diciembre, pues se encuentra prófugo desde hace más de un mes. «Si hoy estuviera con esa voluntad de entregarse a las autoridades y en verdad hacer justicia, podríamos considerar entregar la licencia», resaltó.
Este miércoles 08 de febrero, la Fiscalía de la CDMX obtuvo dos nuevas órdenes de aprehensión contra funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, presuntamente vinculados al caso del Cártel Inmobiliario. Horas más tarde, el diputado panista solicitó al Congreso capitalino licencia de manera indefinida al cargo.
El 08 de diciembre del 2022, un juez otorgó a la FGJCDMX una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Benito Juárez, a quienes otros dos funcionarios de alto nivel, actualmente detenidos, habrían involucrado en el caso del Cártel Inmobiliario.
Un día después, la Fiscalía capitalina, encabezada por Ernestina Godoy, solicitó a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales (Interpol, por sus siglas en inglés) y al Instituto Nacional de Migración (INM), una ficha roja y una alerta migratoria contra el legislador, respectivamente.
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