SCJN Plan BSCJN Plan B

El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite la controversia constitucional que el Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del llamado «Plan B» electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y sus partidos aliados.

El ministro indicó que se tiene «por presentado al promovente con la personalidad que indica y, con base en lo expresado en la demanda, a la naturaleza de las normas impugnadas, atribuibles respectivamente al Congreso de la Unión y al Poder Ejecutivo Federal, se admite a trámite la demanda que hace valer, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que, en su caso, puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia».

La semana pasada, Pérez Dayán suspendió la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ambas contenidas en la primera parte de la reforma electoral impulsada, y aprobada, por Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

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Sin embargo, el Gobierno Federal acusó que el ministro de la SCJN cometió «fraude a la Constitución» al haber impedido que entrara en vigor la primera parte del «Plan B» de la reforma electoral. Denunció también que Pérez Dayán tomó una decisión «de forma dogmática», pues las modificaciones a las Leyes electorales no representan ninguna «afectación irreparable» al sistema democrático.

El INE presentó una controversia ante la SCJN bajo el argumento de que las reformas a Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas vulneran directamente las funciones que le permiten desempeñarse como un órgano constitucional autónomo. Asimismo, expuso, estas modificaciones «obstaculizan» que el INE pueda garantizar la equidad en los procesos electorales, pues la propaganda podría influir la votación.

A partir de este miércoles 01 de marzo, según ordenó el ministro Pérez Dayán, la Presidencia y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como la Cámara de Diputados y el Senado de la República tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar su contestación.

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