La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una controversia constitucional por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la segunda parte del denominado «Plan B» electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Con esta controversia constitucional, el INE busca que el Máximo Tribunal interrumpa la aplicación de las leyes generales de Instituciones y procedimientos electorales, de Partidos Políticos, de Medios de impugnación en materia electoral y la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación (PJF) hasta que se resuelva la constitucionalidad de las mismas.
A través de un comunicado, difundido este jueves en redes sociales, el organismo electoral a cargo del consejero presidente Lorenzo Córdova explicó que está defendiendo «no solo su autonomía, sino el Estado democrático establecido en la Norma Suprema, ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales».
Asimismo, solicitó que los ministros de la SCJN otorguen una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma» y sus efectos sobre las funciones del organismo autónomo, así como la vulneración de «los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía».
El pasado 01 de febrero, el INE presentó una primera controversia constitucional en contra de la primera parte del «Plan B» electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de diciembre del 2022, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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También en redes sociales, el Instituto detalló que la nueva controversia está conformada por cuatro ejes, siendo el primero la violación al debido proceso legislativo por parte de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus partidos aliados en el Congreso de la Unión.
«El Instituto somete a consideración de la SCJN diversas violaciones graves al procedimiento legislativo que, en franco fraude a la ley, impactaron en la calidad democrática de la reforma, pues dio trámite urgente a una iniciativa que, por disposición legal, no podía someterse al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria», expone.
«En segundo término», explicó, «la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo. El INE demanda la invalidez de gran parte de la reforma, derivado de las violaciones constitucionales que afectan su autonomía, independencia, así como la invasión a su esfera competencial».
«En tercer sitio, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir» los procesos electorales en México, pues «esta reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas», leyó el documento.
Finalmente, el cuarto eje corresponde a «la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma. En este recurso, se hacen valer una serie de agravios por el desmantelamiento de la estructura orgánica y la afectación a los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85% de las plazas del Servicio Profesional Electoral», advirtió el Instituto.
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