Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que vienen muchos reveses jurídicos en contra del llamado «Plan B» electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), luego de que un juez ordenara la restitución inmediata del secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
En su video semanal, el presidente del INE calificó a Edmundo Jacobo Molina como un funcionario «probo, honesto y comprometido», cuyo empleo cesó por unos días tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la iniciativa en materia electoral.
«Esta semana que concluye, una jueza de Distrito le otorgó al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo, honesto y comprometido, al que el sistema electoral y la democracia le deben mucho, una suspensión definitiva en contra del cese que le impuso indebidamente la reforma, y, por lo tanto, ordena su reinstalación», explicó Córdova Vianello en redes sociales.
Asimismo, consideró que «estos cambios legales, arbitrarios, antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B sufrieron su primer revés jurídico, el primero, estoy seguro, de muchos reveses que vendrán en la batalla por reinstaurar el orden democrático y constitucional en nuestro país».
De acuerdo con el consejero presidente del INE, la entrada en vigor del «Plan B» de AMLO provocó que entrara «en su fase decisiva la batalla jurídica para defender ante los tribunales de la República nuestra democracia y el orden constitucional que esas reformas legales violan abiertamente».
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Con este paquete de reformas a las leyes electorales, detalló, la autodenominada Cuarta Transformación (4T) vulnera los cinco pilares que conforman el sistema electoral democrático en México: la autonomía e independencia de los organismos electorales, el Servicio Profesional Electoral Nacional, la estructura permanente del INE en las 32 entidades federativas, la integridad de nuestro padrón electoral y, finalmente, las condiciones de equidad en la competencia que impiden la intervención en las campañas electorales de gobiernos y funcionarios públicos.
Indicó también que «todos ellos son principios establecidos y protegidos por la Constitución y estos han sido vulnerados por el conjunto de reformas electorales que la mayoría oficialista de las cámaras del Congreso de la Unión impuso sin respetar las reglas básicas del proceso legislativo».
El pasado 09 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió por parte del INE una nueva demanda de controversia constitucional. Al respecto, Lorenzo Córdova expuso que el Instituto presentó este recurso para defender no sólo «su autonomía, sino el estado democrático de derecho establecido en la Carta Magna, en contra de la constelación de violaciones constitucionales que cerca de 200 artículos de esas leyes implican a 26 disposiciones de la Constitución».
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