El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo acusó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de «encubrir» con su recomendación a los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por la ejecución a manos de militares de cinco civiles desarmados.
Este martes 21 de marzo, la CNDH emitió una recomendación por violaciones de derechos humanos tras los eventos del pasado 26 de febrero, registrados en las calles del municipio de Nuevo Laredo. Sin embargo, la organización tamaulipeca denunció que la recomendación 95VG/2023 no «documenta la gravedad» del asesinato de los cinco jóvenes.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, indicó que la CNDH no incluyó en su recomendación investigar a la cadena de mando por su presunta responsabilidad en los hechos, pues el documento se limita a la actuación de los cuatro militares directamente involucrados en el ataque a los civiles. Asimismo, explicó que la recomendación encubre la alteración de evidencias y privación arbitraria de la vida de Gustavo Ángel Suárez Castillo y Jonathan Amos Aguilar Sánchez.
Asimismo, el especialista aseguró que «en esta recomendación de la CNDH se encubre la actuación del capitán segundo de caballería, Elio Conde Toledano, y de los mandos superiores que tuvieron conocimiento de los hechos, como lo es el general Jorge González Gálvez».
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Por otro lado, Raymundo Ramos reveló que «el personal de la CNDH llegó a Nuevo Laredo seis días después de ocurrida la masacre. Llegaron cuatro abogados y olvidaron enviar psicólogos para atender a víctimas sobrevivientes y familiares, así como a peritos que documentaran los daños a viviendas aledañas y un vehículo particular que resultaron afectados».
La madrugada del domingo 05 de marzo, un grupo de militares acudió al domicilio de la familia Pérez, padres del sobreviviente Alejandro y de Gustavo, fallecido en la agresión armada, para acusarlos de pertenecer a un grupo delincuencial y amenazar con detenerlos. En ese sentido, el comité expuso que la recomendación de la CNDH no informa sobre esta violación de las medidas cautelares.
De acuerdo con Ramos, la CNDH tampoco incluyó en su recomendación la manera irresponsable en la que algunos soldados arriesgaron a la población civil al disparar armas de fuego, entre ellos Walter Abel Castro Guzmán, teniente de caballería, así como las agresiones que sufrieron al menos nueve periodistas y un defensor de los derechos humanos.
Tampoco documentó la privación arbitraria de la libertad de la señora Sara Luna, mujer de la tercera edad, ni los daños materiales que dejaron en su vivienda las más de 40 balas que dispararon los elementos de la SEDENA la madrugada del 26 de febrero. Asimismo, indicó que la CNDH no se pronunció sobre los efectos emocionales que la ejecución tuvo para ella, su esposo y dos familiares más.
Recomendación se elaboró para complacer a SEDENA
«En los próximos días acudiremos al Senado de la República a entregar una solicitud a su presidente para solicitarles, a nombre de familiares de víctimas, que llamen a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional y a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que informen sobre este acto de suma gravedad que privó de la vida arbitrariamente a cinco jóvenes y dejó a dos más con graves afectaciones de salud y emocionales», anunció Raymundo Ramos.
Finalmente, acusó que la «recomendación 95VG/2023 sin duda fue elaborada para complacer a la Secretaría de la Defensa Nacional y es muy probable que se haya redactado en el departamento jurídico de la Sedena, así de grande es el sometimiento de la CNDH».
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