El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia expuso en la «Presentación del Diagnóstico de Mujeres Desaparecidas con enfoque especial en el Estado de Jalisco» que las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes en México se han triplicado en los últimos seis años.
Las autoridades mexicanas recibieron en 2015 mil 043 reportes de mujeres y menores desaparecidas y no localizadas en las diferentes entidades federativas. Sin embargo, Patricia Morales, una de las autoras del estudio, resaltó que esa cifra aumentó a 2 mil 729 casos para el 31 de diciembre del 2021.
De acuerdo con la información contenida en el Diagnóstico de Mujeres Desaparecidas, presentado en octubre del 2022, al menos 7 mujeres desaparecen cada día en México.
Financiado por el Fondo Fiduciario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Eliminar la Violencia contra la Mujer, el informe contiene datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y el Informe de Incidencia Delictiva contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). También se realizaron entrevistas semiestructuradas a especialistas en el tema y una bitácora de noticias.
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La coautora del estudio, Anais Palacios, detalló que la mayoría de las mujeres desaparecidas en México pertenecen al rango de edad entre los 15 y 19 años, seguido del de 20 a 25 años. Asimismo, afirmó que esto indica la relación de este delito con otros por cuestión de género, como trata de mujeres y niñas, el feminicidio y la privación de la libertad.
Por su parte, Patricia Morales expuso que son casos potenciales de desapariciones «las mujeres indígenas, las defensoras y periodistas, las niñas y adolescentes, las mujeres que se encuentran en ambientes donde hay evidencias de violencia comunitaria e institucional, así como aquellas con antecedentes y que sufren un continuo de violencia al interior de las familias».
Uno de los principios establecidos por el Instituto denuncia un «trato hostil de las autoridades cuando son mujeres, madres, hermanas, entre otras, las que realizan la búsqueda».
El segundo principio estipula que «las mujeres desaparecidas y sus buscadoras son discriminadas, estigmatizadas, maltratadas, difamadas y tratadas bajo prácticas institucionales que lesionan su reputación y buen nombre».
Finalmente, Anais Palacios concluyó resaltando la necesidad de que los tres niveles de gobierno visibilicen «la problemática de la desaparición de niñas y mujeres como parte de la violencia feminicida y formule e implemente, de manera urgente, una política pública focalizada en las ciudades y municipios que concentran el mayor número de casos».
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