Proponen en la Cámara de Diputados cárcel de dos años a quien fomente asentamientos irregulares en la entidad.
La legisladora por el Distrito XVIII (Altamira y Aldama, Tamaulipas) Nayeli Lara Monroy, fue la que presentó dicha medida en coordinación con el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (Itavu), y surge por la gran cantidad de asentamientos irregulares por todo el Estado.
Los datos del Itavu indican que existen 230 asentamientos humanos irregulares identificados, de los cuales 100 son de reciente creación y están concentrados en distintos municipios.
Lara Monroy, planteó reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y al Código Penal para el Estado de Tamaulipas.
Algunas de las causas que originan estos asentamientos es el hecho de que falsos líderes sociales se vinculan de manera deshonesta con actores políticos.
Falsos líderes
Los falsos líderes busca obtener beneficios económicos al invadir terrenos con o sin consentimiento de los legítimos propietarios y promueven su invasión, al igual que los propietarios de terrenos que buscan evitar los requerimientos legales para la venta de los predios, a pesar de conocer que sus terrenos no son susceptibles de urbanización.
Además de los servidores públicos que desvían hacia los asentamientos humanos irregulares, servicios públicos, dotan de una falsa certeza a las personas que habitan esos predios.
Se propuso modificar el término de asentamiento irregular para quedar como sigue: “El conjunto de terrenos fraccionados o subdivididos que fueron ocupados sin la documentación legal que acredite su propiedad; las personas que habitan en estos asentamientos suelen auto gestionar su vivienda y servicios, y se ubican en zonas que no fueron evaluadas por la autoridad local competente para determinar si el suelo ocupado es apto para ser urbanizado”.
Se obligará a los municipios a realizar un programa anual de monitoreo que permita detectar nuevos asentamientos irregulares y aplicar las acciones que el marco jurídico prevé.
El propósito de la iniciativa presentada es coadyuvar a frenar el deterioro territorial de los municipios, que incide en pobreza, daños a la salud, inseguridad, deterioro ambiental, discriminación y la imposibilidad de que las personas puedan ejercer sus derechos ciudadanos más básicos, como por ejemplo ostentar un domicilio.
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