Durante la sesión de este lunes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validaron varias facultades de la Guardia Nacional (GN) en materia de migración, investigación y prevención de delitos e intervención de comunicaciones.
El proyecto quedó a cargo del ministro Javier Laynez Potisek, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) interpusiera ante la SCJN una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de la Guardia Nacional, particularmente contra diversas fracciones del artículo 9.
La Guardia Nacional podrá prevenir delitos mediante la obtención de información de lugares públicos, siempre y cuando no incurra en violaciones de derechos humanos para obtenerla.
Los ministros le otorgaron también la facultad de solicitar la geolocalización de las personas, previa autorización de un juez de control. Cabe mencionar que esta facultad no reunió la mayoría calificada para declarar su invalidez.
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Sobre las facultades en cuestiones de migración, el pleno de la SCJN aprobó que los guardias nacionales realicen inspecciones de documentos, siempre y cuando se haga de manera subordinada al Instituto Nacional de Migración (INM). Además, podrán asegurar y resguardar a migrantes y estaciones migratorias.
Por otro lado, los ministros invalidaron la facultad contenida en la fracción sexta del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional, en la que se establecía la capacidad de la corporación de realizar operaciones encubiertas para la prevención del delito. De acuerdo con el ministro Laynez Potisek, no pueden llevarse a cabo labores encubiertas con la finalidad de ejecutar una detención en flagrancia sin que exista un sospechoso ya identificado.
Sobre los artículos 100 al 106 de la Ley de la Guardia Nacional, donde se establece la facultad de realizar intervención de comunicaciones, cinco de los 11 ministros se opusieron a validarla: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar, Alberto Pérez Dayán y Norma Piña Hernández, ministra presidente de la SCJN.
Los demás integrantes del pleno del Máximo Tribunal consideraron suficiente que exista control judicial en la labor de intervención de comunicaciones por parte de elementos de la Guardia Nacional.
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