Si se le declara culpable, el exalcalde de Nuevo Laredo Enrique “N” enfrentaría una pena de hasta 20 años en prisión por los delitos de ejercicio ilícito del servicio y uso ilícito de atribuciones y facultades, debido a la presunta compra a sobreprecio de un predio con recursos públicos.
El actual gobierno municipal de Nuevo Laredo presentó una denuncia en contra del exalcalde panista y de cuatro personas más, entre ellos dos servidores públicos, por lo que un juez de control los vinculó a proceso el pasado 19 de abril.
“Los delitos que se imputan a los personajes de esa administración municipal son los referentes cometidos por servidores públicos es decir en el ejercicio de su función. Se presume que llevaron a cabo conductas que contravienen el código penal del Estado», expuso en rueda de prensa el secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Juan Ángel Martínez.
El objetivo del municipio es que los casos se resuelvan conforme a derecho y no con “albazos” o “sabadazos”, recalcó el funcionario municipal, quien agregó que “este es un tema de combate a la corrupción, es un compromiso que hubo desde la campaña por la presidenta (municipal) Carmen Lilia Canturosas y que va a seguir la Contraloría, la subdirección de Asuntos Internos».
Sostuvo que la actual administración ha detectado procesos de dilación por parte de la Fiscalía Anticorrupción para atender este caso, el cual se expondrá ante el Congreso de Tamaulipas.
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Por su parte, el asesor jurídico del municipio de Nuevo Laredo, Miguel Lozano, dio a conocer que el juez otorgó un plazo de cuatro meses, con la posibilidad de ampliarlo a seis, para llevar a cabo la investigación complementaria. En ese sentido, el exalcalde tramitó un amparo para llevar en libertad su proceso.
“Los hechos, que ya resolvió un juez de control, son hechos validados, es decir, ya hay una decisión judicial que confirma que los hechos sí son relevantes para el derecho penal y no simplemente se trata de conductas distintas», reiteró.
Cabe señalar que los imputados presentaron datos de pruebas y el juez determinó que sí podría existir una comisión de delitos. «Presentaron algunos datos de prueba, lo que el juez desestimó totalmente y validó los datos de prueba del ayuntamiento de Nuevo Laredo y esa fue la consecuencia de que dictó el auto de vinculación a proceso», explicó.
El abogado del ayuntamiento de Nuevo Laredo expuso que existe la posibilidad de que el expresidente municipal solicite un procedimiento abreviado, siempre y cuando acepte responsabilidad y pague el daño. Sin embargo, esto no lo libra de estar en prisión.
«El beneficio que se le concede por la ley es que en lugar de esta penalidad completa que marca la ley, que en este caso pudieran ser de 10 a 20 años, se le reduce la pena en prisión hasta una tercera parte», indicó el funcionario.
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