En respuesta a la primera gran expropiación del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), legisladores de oposición, analistas, abogados, catedráticos y organizaciones civiles manifestaron su preocupación y criticaron la toma «injustificable» de las instalaciones de las líneas ferroviarias Z, ZA y FA concesionadas a Grupo México.
La mañana de este viernes 19 de mayo, la empresa Grupo México denunció que elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR) ocuparon de forma sorpresiva las instalaciones de las líneas ferroviarias Z, ZA y FA, concesionadas a Ferrosur, luego de que el Gobierno Federal publicara en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la declaración de utilidad pública de estos tramos que van de Medias Aguas a Coatzacoalcos, de Hibueras a Minatitlán, y de El Chapo a Coatzacoalcos para satisfacer las necesidades del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
«La sorpresiva e inusitada tomas de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas está siendo analizada por parte de Grupo México Transportes, sus inversionistas y asesores”, se lee en el comunicado que Grupo México, encabezado por el segundo hombre más rico del país, Germán Larrea, envió a la Bolsa Mexicana de Valores ese mismo día.
Sin embargo, la empresa indicó que “continuará brindando el servicio a sus usuarios sin ninguna afectación por el momento, sólo con la vigilancia de las Fuerzas Armadas y se informará oportunamente sobre las acciones a seguir con base en sus obligaciones como empresa pública”.
Blindaje de obras
Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan y Roma Abogados, la expropiación está directamente relacionada con el «decretazo» presidencial que declara como de seguridad nacional las obras prioritarias de la autodenominada Cuarta Transformación (4T).
«Es algo que sale de la nada y tiene una relación directa con la resolución de la Suprema Corte de ayer [jueves]. Obviamente, la empresa tiene los medios de control jurisdiccional para que se revise ante la justicia federal este tema y espero que lo haga porque me parece que este tema de ocupación temporal es, sin duda completamente arbitrario, injustificable y viola el derecho a la propiedad que tiene o a la concesión, en su caso, que pueda tener Grupo México», explicó.
«Desde un punto de vista jurídico, estamos hablando de una expropiación. Cuando estamos hablando que es de utilidad pública, como señala el decreto publicado en el DOF, estamos hablando de una expropiación de facto. Lo que ahora procede es el pago de una indemnización, pero Grupo México tiene derecho a que se revise este tema ante la justicia federal», aseguró el abogado.
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Por su parte, Claudia Aguilar, socia fundadora de Aguilar Barroso y Asociados especializada en derecho constitucional, afirmó que se trata «sin duda» de «la primera ocasión en el sexenio donde nos topamos con una expropiación».
Debido a que el decreto de AMLO cita la Ley de Expropiación, la legislación establece que esta «ocupación temporal» sólo se podrá impugnar «a través del juicio de amparo».
Aunque la solicitud de amparo podría suspender la medida contra Ferrosur, el proceso se ve «cuesta arriba, aunque es procedente con interpretación directa a la Constitución», con el argumento de que no es proporcional la afectación a sus derechos.
La economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller, manifestó: «Me parece increíble lo que está sucediendo, primero lo del decreto y ahora lo de los tramos de vías de Ferrosur. Generan miedo y ahuyentan las inversiones. Decretos y expropiación. Sin duda esta semana ha sido para México una de las peores, si no es que la peor, en decisiones de política económica», dijo.
Afirmando que López Obrador envió una pésima señal para el mundo, Marko Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) criticó este duro golpe a la certidumbre, contra la inversión y el crecimiento público.
De acuerdo con el líder panista, «este gobierno está convirtiendo a los militares en los verdaderos operadores y beneficiarios de la voluntad y los caprichos del Presidente».
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