Yadira Medina Alcántara, titular del tercer juzgado de distrito en materia administrativa, resolvió este viernes que los únicos libros de texto que la Secretaría de Educación Pública (SEP) podrá imprimir para el Ciclo Escolar 2023-2024 son aquellos que hayan aprobado los procesos previstos en la Ley General de Educación (LGE).
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) presentó hace unos días una demanda de amparo para frenar la distribución de los nuevos libros de texto para alumnos de primero a cuarto de primaria. De acuerdo con la suspensión definitiva otorgada por la jueza, la SEP sólo podrá repartir a los estudiantes libros revisados con apego a los procedimientos que establece la ley.
La resolución de la juzgadora ordena a la SEP verificar que se hayan cumplido los procedimientos legales respectivos antes de continuar con la edición, impresión y entrega de libros de texto para el próximo Ciclo Escolar 2023-2024.
Asimismo, Medina Alcántara recordó que la dependencia federal está obligada a «elaborar, editar, mantener actualizados y enviar» los libros de texto gratuitos a los estados antes de que comience el ciclo escolar, como lo indica el artículo 71 de la Ley General de Educación.
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Advirtió que si no se siguen las reglas de aprobación se deberá suspender la impresión y entrega de los libros de texto, y continuar con la producción de los materiales hasta que se cumpla con los procedimientos establecidos en la ley.
Sentenció que «esta resolución no suspende ni debe impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024 que sean acordes con los programas y planes de estudio que hayan cumplido con las garantías reforzadas de intervención de gobiernos estatales y de la ciudadanía».
Así como establecer los planes y programas de la educación inicial y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en el órgano informativo de cada entidad federativa.
Finalmente, determinó que la SEP deberá capacitar a los profesores antes de su aplicación, así como escuchar la opinión del Poder Ejecutivo y de las entidades federativas para elaborar los materiales y mantenerlos actualizados.
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