La Barra Mexicana de Abogados (BMA) y la escuela de Derecho de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos (EE.UU), presentaron este jueves un recurso de amicus curiae contra el llamado «Plan B» electoral de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Este recurso lo presentaron en calidad de coadyuvantes de organizaciones no gubernamentales (ONGs) e instituciones políticas que han impugnado el «Plan B» por considerarlo un instrumento que contradice la Constitución mexicana y atenta contra la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).
El recurso se recibió el pasado 26 de mayo por parte de Amrit Singh y Víctor Olea, directora ejecutiva del laboratorio de impacto sobre el Estado de Derecho de la Escuela de esa disciplina en la Universidad de Stanford y presidente de la BMA, respectivamente. En él, sostienen que la iniciativa presidencial viola las obligaciones internacionales de México que tienen que ver con el derecho de los ciudadanos a ejercer su voto y participar en elecciones libres.
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Singh, importante jurista especializada en protección de derechos humanos, señaló que actualmente existe «una tendencia global de gobiernos que buscan debilitar el Estado de derecho impulsando ciertas leyes. Al atacar al organismo encargado de organizar las elecciones, esta ley golpea el corazón mismo de la democracia, así como las obligaciones que tiene México en el marco del derecho internacional. Esperamos que la Corte actúe, al igual que otros tribunales en el mundo, para proteger el cumplimiento de la ley».
El amicus curiae advierte sobre la posibilidad de un fraude electoral, pues el «Plan B» de López Obrador recorta en un 84% al personal de servicio profesional de carrera del INE.
También vulnera la autonomía del INE, ya que otorga al titular del Ejecutivo federal la capacidad de imponer nuevas estructuras, métodos de organización y recursos humanos, además de que interviene en las decisiones internas del organismo encargado de organizar los procesos electorales. Finalmente, indican que permite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificar unilateralmente el presupuesto del instituto.
El recurso subraya el papel que puede jugar la SCJN como defensora de la democracia en México, además de la obligación que tiene el país de poner en práctica las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho al voto, condiciones que están en duda de acuerdo con las disposiciones del «Plan B».
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