Sigue la investigación contra dos exfuncionarios del IMSS detenidos en 2020 por el caso de la Guardería ABC.Sigue la investigación contra dos exfuncionarios del IMSS detenidos en 2020 por el caso de la Guardería ABC.

Sigue la investigación contra dos exfuncionarios del IMSS detenidos en 2020 por el caso de la Guardería ABC.

Este lunes, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que dos exfuncionarios que fueron detenidos en 2020 tras una nueva denuncia siguen vinculados a proceso en una causa penal por el incendio de la Guardería ABC, en la que murieron 49 menores en 2009.

“El 12 de noviembre de 2020 se detuvo a Sergio Antonio Salazar Salazar y a Carla Rochín Nieto, quienes en la época de los hechos ostentaban los cargos de director de Prestaciones Económicas y Sociales y coordinadora nacional de guarderías, respectivamente”, dijo durante la conferencia de López Obrador.

“La causa penal se encuentra en etapa complementaria por parte de la fiscalía. Recordamos que esta nueva denuncia, además de las otras hechas a funcionarios del orden estatal, tiene que ver con el voto en minoría que se presentó en la Suprema Corte de Justicia en la última ocasión que llevaron a cabo una atracción para investigación”.

Robledo aseguró que, aunque los exfuncionarios están vinculados a proceso, la investigación se encuentra en etapa complementaria.

En su participación, el subsecretario Alejandro Encinas, informó que se han erogado recursos para el pago de reparaciones compensatorias a 142 víctimas directas e indirectas. “Particularmente a menores fallecidos, a menores expuestos, a menores lesionados y por supuesto a adultos lesionados”, aseguró el funcionario en conferencia.

Mientras que, indicó, por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), se emitieron 327 resoluciones favorables.

En tanto, abogados, padres y sobrevivientes al incendio de la Guardería ABC denunciaron que la impunidad persiste a 14 años del siniestro. Los padres acusaron que existe complicidad entre el gobierno de México y la SCJN para que el siniestro permanezca impune.

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