Gobierno de Andrés Manuel López Obrador expropia 45 inmuebles en los estados de Yucatán y Quintana Roo para la construcción del Tramo 4 del Tren Maya.
Este viernes el Gobierno de México ordenó por medio de un decreto, la expropiación de más de 206 mil metros cuadrados de inmuebles. Mismos que están ubicados en los municipios de Sudzal, Kantunil, Tinum, Uayma, Valladolid y Chemax, en el estado de Yucatán, y de Puerto Morelos, en Quintana Roo.
El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y dice:
“Se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 206 mil 123.80 metros cuadrados, de 45 inmuebles de propiedad privada”.
Se apuntó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano procede a la ocupación inmediata de los bienes materia de esta expropiación. Y que la interposición de cualquier medio de defensa no suspende la ocupación señalada en el decreto.
Así mismo, se explicó que Fonatur, Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, deben coordinarse para cubrir con su presupuesto autorizado el monto de la indemnización que en términos de ley deba pagarse a quienes acrediten su legítimo derecho, de conformidad con los avalúos que emitió el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación de este decreto, los interesados podrán acudir al procedimiento judicial a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Expropiación. Todo, con el único objeto de controvertir el monto de la indemnización.
Cabe resaltar que el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del sexenio del presidente López Obrador.
Tendrá un recorrido de mil 554 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. E interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán
La expropiación a la que se refiere el decreto publicado este día incluye las construcciones e instalaciones que se encuentren en los bienes inmuebles y que formen parte de ellos.
En tanto, organizaciones nacionales e internacionales han manifestado su preocupación por el posible impacto negativo de la obra. Tanto a los derechos humanos de los pueblos indígenas mexicanos y al medioambiente de la zona.
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