Seduma plantea ante funcionarios objetivos del gravamen, debido a las 26 mil toneladas de CO2 emanadas a la atmósfera
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma) programa la aplicación del impuesto verde a 36 empresas con industrias petroquímicas en Tamaulipas, al detectarlas por sus altos niveles de contaminación, pues de acuerdo con estudios, hay 26 mil toneladas de dióxido de carbono emanadas hacia la atmósfera.
Para ello, la titular de la dependencia estatal Karina Saldívar Latirgue, explicó que el objetivo es bajar dichos niveles como también, con la obtención de los recursos a través del gravamen, se destinarán a obras y acciones específicas para mejorar el medio ambiente, tanto en la mitigación como en la adaptación a las alteraciones climáticas que se viven.
Lo anterior se mencionó luego de la reunión donde expuso ante la secretaría de Economía Ninfa Cantú Deándar, así como a Adriana Lozano de Finanzas, además de la Oficina del Gobernador y la Consejería Jurídica, los motivos para aplicar el gravamen, conocido como impuesto verde, ya aprobado por el Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial en diciembre.
“Son alrededor de 36 empresas que operan en Tamaulipas que superan dicho umbral, principalmente en el sector petroquímico, por lo que la administración estatal demuestra su compromiso en abordar la problemática medioambiental de manera proactiva, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo en la región”, declaró.
Sin intención de recaudar
Añadió que la medida no tiene fines recaudatorios y habrá apoyo a sectores como la agricultura, ganadería y pesca, que han sufrido las consecuencias de la escasez de agua relacionada con el cambio climático.
“Con un enfoque de transparencia y colaboración con el sector industrial, como fue la instrucción del gobierno del estado, se trabaja de manera interinstitucional para establecer una metodología precisa para calcular el monto que deberán pagar los contribuyentes”, puntualizó Aguilar Lartigue.
Recientemente, los miembros de la Asociación Mexicana de la Industria Química (ANIQ), así como la Aistac, solicitaron al gobierno estatal un pago similar al aplicado en Querétaro o Estado de México.
vd/sag
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