Los abogados de los ocho militares que están implicados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa anunciaron demandarán de manera penal a altos funcionarios del gobierno federal por perseguir y encarcelar a sus clientes por motivos políticos.
Los abogados señalaron que entre los funcionarios se encuentra el exsubsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, así como Rosendo Gómez Piedra quien es el actual titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa (UEILCA).
Este anuncio se hace luego de que la juez Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien es titular del juzgado segundo de distrito de procesos penales federales en el estado de México, emitiera nuevas órdenes de aprehensión para los ocho militares quienes habían logrado su libertad condicional el pasado 20 de enero.
Según los abogados de los militares, dichas órdenes de captura se basan en testimonios falsos de dos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, los cuales están acusados de participar en forma directa en la desaparición de los normalistas ocurrida en septiembre de 2014.
Actualmente ambos sujetos se encuentran como testigos protegidos a quienes se identifica como «Clara» y «Neto».
Hay inconsistencia en las declaraciones
La defensa legal señala de inconsistentes los testimonios en relación con relatos hechos anteriormente, donde los testigos protegidos no mencionaban a los militares que ahora acusan. Ahora los identifican como parte de los miembros adscritos a la Sedena que recibían pagos por parte del mismo grupo criminal.
Según la declaración del testigo identificado como «Clara» fue que no se identificó previamente a los ocho militares debido a su posición en el ejército.
“No me había atrevido a mencionar por nombres a la gente que yo conozco y que se les pagaba su cuota, porque muchos son policías o soldados y son gente que tiene poder y armas”, dice un fragmento de la declaración, la cual se realizó el 22 de enero del 2024 y difundieron los abogados defensores.
De igual forma, los abogados Alejandro Robledo y César Omar González, que representan a los militares implicados en el caso Ayotzinapa, anunciaron la denuncia se extenderá sobre los dos testigos protegidos a quienes acusan de “falsedad y delitos contra la administración de la justicia”.
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