Tribunal pone fin a la persecución política iniciada por Álvarez-Buylla contra 31 científicos. Confirma que no se les puede imputar ningún delito.
El Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito en el Estado de México ratificó la orden a la Fiscalía General de la República (FGR) de cerrar el proceso que inició en contra de Enrique Cabrero Mendoza, exdirector del extinto Conacyt, y otros 11 científicos, en una resolución que es extensiva al total de 31 académicos y administrativos que fueron denunciados por la titular del organismo, María Elena Álvarez-Buylla.
Desde septiembre de 2021, la FGR determinó ejercer acción penal contra 31 científicos y administrativos por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
En el reciente caso resuelto en un tribunal, además de Cabrera Mendoza, quedaron absueltos Alberto Borja Tamayo, Gerardo Carreón Rodríguez, Adolfo Guajardo Mendoza, José Rodrigo Roque Díaz, Elías Micha Zaga, María Dolores Sánchez Soler, Mónica Ramírez Bernal, Mauricio Francisco Coronado García, David García Junco Machado, Luis Gabriel Torreblanca Rivera y Julio Cesar Ponce Rodríguez.
Decisión inapelable
Álvarez Buylla señaló a los científicos de asignar de manera irregular recursos millonarios desde distintos fideicomisos del Conacyt al Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C.,una asociación civil privada. Entre las 31 personas denunciadas había funcionarios del Conacyt que autorizaron el financiamiento e integrantes del Foro, quienes recibieron los recursos. Por ello, los acusaron de delincuencia organizada.
Sin embargo, los jueces concluyeron que no podía imputarlos por peculado, porque la ley autorizaba que el Conacyt otorgara financiamiento al Foro Consultivo. Como no se sostuvo el delito de peculado tampoco se pudieron demostrar el resto de los delitos.
La FGR apeló las decisiones de los jueces, pero el tribunal colegiado, que sesionó el 25 de abril y se notificó el 30 del mismo mes, ratificó la decisión de los jueces que consideraron legal la actuación de los científicos y ordenó sobreseer el juicio.
Los magistrados coincidieron en que ya hay una determinación de que las acusaciones no constituyen un hecho delictivo.
La decisión de colegiado es inapelable y la FGR ya no podrá recurrir a ninguna instancia.
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