Se reactiva el caso Vulcan y sube de tono este miércoles luego de que legisladores, tanto demócratas como republicanos de los Estados Unidos, presentaron una iniciativa que busca sancionar a todos los buques que atraquen en Punta Venado, Quintana Roo, puerto tomado por autoridades mexicanas desde marzo de 2023 y que, en teoría, arrienda la empresa norteamericana hasta 2037.
La iniciativa hecha por los legisladores propone que todo buque de carga que haga escala en este puerto de las costas de Quintana Roo no podrá anclar en los puertos de Estados Unidos, ni siquiera para reparaciones. Esto en caso de que la zona sea expropiada por el gobierno mexicano.
El legislador por Texas, August Pfluger, uno de los promotores de la iniciativa, afirmó se busca proteger los derechos de propiedad de la empresa estadounidense Vulcan y su subsidiaria Calica ante la propuesta hecha por el gobierno de México de volver Punta Venado un Área Natural Protegida.
Pfluger señaló que las empresas estadounidenses que operan en el extranjero no deberían temer a acciones arbitrarias de los gobiernos.
De igual forma se informó que los congresistas han escrito un par de misivas a Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para encontrar una solución al conflicto.
¿Qué es el caso Vulcan?
En 2023, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a la empresa americana Vulcan y su concesionaria Calica de probables daños y deterioro al ecosistema de Punta Venado ubicado en Quintana Roo, entre Playa del Carmen y Tulum. En el sitio, la empresa extrae miles de toneladas de piedra caliza.
Por su parte, desde 2018, la empresa reclama a México mil 529 millones de dólares por el supuesto incumplimiento de una concesión.
A pesar de la existencia de un arbitraje internacional para el caso, en marzo de 2023, el Ejército y la Marina de México tomaron las instalaciones de Calica. Esta acción se sumó a la clausura del predio de La Rosita ocurrido un año antes, deteniendo el envío de roca caliza a los Estados Unidos.
Para julio de 2023, el presidente López Obrador ofreció 6 mil 500 millones de pesos para adquirir el predio de 2 mil 411 hectáreas e informó no se le otorgaría ya ningún permiso a Calica y Vulcan a pesar de que ambas aseguran el contrato tiene vigencia hasta el año 2037.
En primera instancia, el Gobierno de López Obrador planteó la construcción de un desarrollo ecoturístico en la zona, sin embargo ahora busca se vuelva un área natural protegida.
El presidente López Obrador ha acusado a Vulcan de esperar el fin de su sexenio y la llegada del siguiente gobierno para continuar con los acuerdos.
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