Los secuestros de autobuses que salen de Reynosa, Tamaulipas, provocaron que el Consulado General de Estados Unidos (EE.UU) en el municipio de Matamoros emitiera una alerta de viaje para sus ciudadanos.
Estos secuestros «parecen apuntar específicamente a pasajeros con conexiones a los Estados Unidos, incluidos ciudadanos y residentes estadounidenses», explicaron las autoridades estadounidenses en un comunicado.
También detallaron que «los secuestradores suelen exigir rescates de miles de dólares por cada víctima».
Entre las recomendaciones emitidas por el Consulado General estadounidense en Matamoros resaltan «evitar viajar en autobús o a través de Tamaulipas, tener cuidado en el entorno donde se encuentran y notificar a amigos y familiares sobre la seguridad».
Sujetos armados secuestraron hace seis meses a 32 migrantes que viajaban con rumbo a EE.UU, donde solicitarían asilo político, a bordo de un autobús por la autopista que conecta a los municipios tamaulipecos de Matamoros y Reynosa.
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Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reconoció en su momento que varias familias pagaron a los secuestradores por la liberación de sus seres queridos.
Durante la mañanera de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), la funcionaria informó que «la madrugada del 31 de diciembre llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero, en algunos casos sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido».
Asimismo, explicó que los secuestradores utilizaron cinco camionetas para interceptar el autobús, dejaron a cinco pasajeros y al chofer, quien realizó una llama para pedir auxilio y condujo la unidad de la empresa Senda hacia Matamoros. Elementos de la policía le dieron alcance a la altura de la caseta de Nuevo Progreso.
Por otro lado, indicó, a los migrantes los llevaron por un camino de terracería por unos 20 minutos, para después subirlos a un camión viejo en el que los trasladaron a una finca. Una vez ahí, les tomaron fotografías y los despojaron de sus pertenencias.
El 31 de diciembre, un día después del secuestro, los criminales les exigieron dinero a las familias de los migrantes para liberarlos.
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