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Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) organizaría la elección popular de mil 600 ministros, jueces y magistrados, y que el proceso costaría alrededor de 3 mil 500 millones de pesos.

El legislador explicó que parte de los 23 mil millones de pesos que tenía el Poder Judicial en fideicomisos podrían utilizarse para cubrir parte de esa cantidad, una vez los reciba la Tesorería de la Federación y en caso de que se apruebe la reforma judicial, propuesta por Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Durante el tercer foro de la reforma judicial Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores, Monreal expuso que «en un cálculo aproximado que hemos hecho con actuarios y personal del INE, a quien se le faculta esa responsabilidad, pudieran erogarse entre 3 mil y 3 mil 500 millones de pesos por única ocasión».

En el foro estuvo presente también Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México (Edomex). Ahí, el senador resaltó que «la austeridad sí es un deber, sí es una política de estado» para la autodenominada Cuarta Transformación (4T).

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También aseguró que «desde que inició el gobierno del presidente López Obrador, la mayor parte de los órganos del estado así lo hemos asumido, con excepción del Poder Judicial y de órganos autónomos».

Por ello, indicó, «el Poder Judicial está violando la disposición contenida en el artículo 127 de la Constitución respecto de las remuneraciones de todos los servidores públicos que están en funciones».

Y agregó: «de existir mayores ingresos, salarios y prestaciones que los devengados del Ejecutivo federal, una vez que hubiera, que entre en vigencia la reforma, los montos deberán ajustarse».

Monreal detalló que los ministros, jueces y magistrados en retiro no recibirán pensiones vitalicias ni haberes de retiro luego de que entre en vigor la reforma.

Insistió en que «los derechos laborales de los trabajadores serán respetados en la Constitución, pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos y cualquier otra obligación».

Por otro lado, Ricardo Sodi Cuéllar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, indicó que «frente a tantas carencias de personal, instalaciones y equipo de los tribunales de justicia locales, no es posible hablar de austeridad».

Consideró que «el debate debe ser en favor de la autosuficiencia presupuestal y la racionalidad del gasto, además de su aplicación oportuna, transparente y eficiente. Eso permitirá acercarnos a los estándares internacionales».

De acuerdo con el magistrado, cifras del INEGI revelan que en los estados solo «hay 4.6 jueces por cada 100 mil habitantes, en tanto que en el Estado de México la cifra disminuye a 2.8 togados».

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