Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, se deslindó del juicio político y la denuncia penal anunciados hace unas horas por Sergio Gutiérrez Luna, vicepresidente en San Lázaro, contra los jueces que intentaron frenar la reforma al Poder Judicial de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Informó, en conferencia de prensa, que un grupo de legisladores morenistas presentó dichas querellas, sin embargo, afirmó estar en desacuerdo y aseguró que no toda la bancada de su partido apoya esa postura.
«Hubo un planteamiento que varios diputados presentaron. Es un planteamiento consistente en la presentación de juicio político, denuncia penal y queja ante la Judicatura Federal contra los jueces que, desde nuestro punto de vista, se extralimitaron en sus facultades y funciones y violaron el principio de legalidad. Yo soy de la idea personal, no es una posición de grupo sino es un asunto de carácter personal, que no llevemos a cabo todavía eso», dijo.
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La denuncia penal sería en contra de Martha Eugenia Magaña López, jueza Quinta de Distrito en Morelos, y de Felipe V. Consuelo Soto, juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, cuyas resoluciones pretenden frenar la reforma judicial impulsada por la autodenominada Cuarta Transformación (4T).
A través de su cuenta de X, antes Twitter, Gutiérrez Luna informó que los diputados federales de Morena presentaron «juicio político y denuncia penal contra la jueza Martha Eugenia Magaña López y el juez Felipe V. Consuelo Soto por su burda invasión de incompetencia ¡La Reforma al Poder Judicial nadie la va a parar».
No obstante, Ricardo Monreal solicitó que la propuesta no se votara, tras su presentación el pasado domingo ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
«Esperemos y actuemos con tolerancia, pero ese es un asunto personal, no de grupo y yo les he pedido que esperemos. Creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan. Hay que darles una pausa», comentó al respecto.
«Vamos a buscar diálogo con todo respeto», indicó, al asegurar que, en caso de que proceda la solicitud de juicio político, no la aprobarán en fast track.
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