La Vocería de Seguridad de Tamaulipas investigará el caso denunciado por el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo hijo habría sido interceptado por sujetos armados cuando viajaba por la carretera Aldama-Soto la Marina.
De acuerdo con la institución, los escoltas que acompañaban al menor y que impidieron que el incidente pasara a mayores no estaban certificados.
«Hasta la fecha el exmandatario no ha presentado denuncia ante la Fiscalía como lo anunció en sus redes sociales», informó la Vocería de Tamaulipas en un comunicado.
El crimen organizado habría interceptado al hijo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en la carretera costera, como lo denunció el propio exgobernador el pasado 03 de septiembre. Horas más tarde, las autoridades estatales informaron que el menor no sufrió ningún tipo de violencia en su contra.
Sin embargo, el exgobernador aclaró al día siguiente que los sujetos sí apuntaron a su hijo con armas largas.
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Este jueves, la Vocería expresó que en este caso hay «sesgo político». No obstante, para el Gobierno del estado es de relevancia «preservar, salvaguardar y garantizar la integridad de un menor de edad, cuya protección constituye un pilar fundamental en la gestión humanista del Gobernador Américo Villarreal Anaya».
«En cumplimiento a la instrucción del Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, se procedió a poner en conocimiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado el informe presentado ante la Secretaría de Seguridad Pública, relacionado con la presunta participación de uno de los hijos del ex gobernador en hechos con apariencia de delito suscitados el pasado 3 de septiembre, a fin de que se proceda conforme marca la ley», se lee en la publicación de la institución.
Las diligencias pertinentes estarán a cargo de la instancia investigadora, con la finalidad de «esclarecer las circunstancias en que se produjeron los presuntos acontecimientos».
Sobre los escoltas, quienes no están certificados con exámenes de control y confianza, la Vocería recordó que «antes de concluir su mandato, el ex gobernador se ‘autoadscribió’ más de 30 escoltas, quienes a juicio de esta administración estatal no resultan idóneos para el desempeño de dicha función pues carecen de la validación de competencias y exámenes de control y confianza respectivos; no obstante, el ex titular del Ejecutivo obtuvo una suspensión de Amparo, por el cual solicitó que se sustituyeran o reemplazaran por personal distinto al seleccionado por él».
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Consideró este hecho como «trascendente», pues los encargados de cuidar al menor no estaban calificados «para desempeñar una función de esta naturaleza».
«Especialmente, las razones que expliquen la presencia de un menor de edad no acompañado por sus padres en una brecha situada entre la carretera Aldama-Soto La Marina, alrededor de las 19:00 horas y a cargo solamente de personas que se ostentaban como ‘escoltas’ colocándolo en una eventual condición de exposición».
