Morena y aliados aprobaron en comisiones del Senado modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para ampliar las atribuciones del presidente o presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con la finalidad de instrumentar la elección de jueces, magistrados y ministros prevista en la reforma al Poder Judicial.
Entre los artículos que se modificarían se encuentra el 45, en el que se establecen las funciones de la presidencia del Consejo General del INE. De acuerdo con el apartado ‘e)’ del artículo 45, una de las atribuciones del presidente del Consejo General era “proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario Ejecutivo, de los Directores Ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto”.
Miguel Pavel Jarero Velázquez, el morenista que presentó la reserva, propuso establecer que el Consejo solo decida sobre el nombramiento del Secretario Ejecutivo. Por ello, la presidencia del INE tendrá la facultad de nombrar directamente a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas.
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Con esta nueva disposición, Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, podrá realizar los nombramientos de manera directa, sin necesidad de proponerlos al Consejo General. Esto representa un cambio en el equilibrio de poderes dentro del instituto.
Miguel Pavel Jarero Velázquez, senador por Nayarit, presentó la reserva de forma general durante la sesión extraordinaria de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre su contenido, que también incluye modificaciones a los artículos 30, 47, 48 y 534.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó hace unos meses el proyecto de sentencia que presentó la ministra presidente Mónica Aralí Soto Fregoso.
Esto permitió que la actual presidente del INE pueda designar de forma extraordinaria y directa a los principales funcionarios del organismo como el Secretario Ejecutivo, debido a la falta de consenso dentro del Consejo General.
Desde entonces, el Observatorio Ciudadano había advertido que darle a la presidenta del Consejo el poder de designar directamente las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas, “propicia hacer disfuncional, y prácticamente nugatoria, la atribución constitucional y legal del Consejo General del INE en materia de nombramientos y faculta indebidamente a la Presidenta del Consejo General a realizarlos de manera unilateral”.
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