Las autoridades federales no han emitido información sobre lo que ocurrirá con las 845 personas que trabajaban en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) antes de que el Congreso de la Unión lo extinguiera, como lo denunció la comisionada Julieta del Río Venegas.
Los recursos para el INAI se ajustaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, en el que los legisladores aprobaron otorgarle 500 millones de pesos para operar hasta su extinción.
Durante una entrevista, la comisionada acusó que «para liquidaciones no nos dieron presupuesto, para retiros voluntarios se le consultó a Hacienda y no ha habido respuesta, entonces por ningún lado tenemos la oportunidad de ofrecerles a estos trabajadores lo que se merecen, hay quienes llevan trabajando desde hace 22 años».
La Cámara de diputados validó la constitucionalidad de las reformas que extinguen siete organismos autónomos.
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La Secretaría del Buen Gobierno y Anticorrupción (anteriormente Secretaría de la Función Pública), los Órganos Internos de Control, el Tribunal de Disciplina Judicial para asuntos del Poder Judicial, y el Instituto Nacional Electoral asumirán las tareas relacionadas con la transparencia que realizaba el INAI.
Finalmente, la Agencia de Transformación Digital se hará cargo de las funciones de protección de datos personales.
«La pregunta sigue sin tener una respuesta clara: ¿qué pasará con los trabajadores del INAI? Porque el presupuesto asignado a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no fue al alza fue a la baja (…) Hay preocupación entre la gente y más en estas fechas».
El pasado 28 de noviembre, en Sesión Vespertina en la Cámara de Senadores se votó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) y otros seis organismos autónomos; el dictamen fue aprobado con 86 votos favor.
Con esta reforma se dio paso a la eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
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