El presidente de los estados Unidos, Donald Trump firmó este miércoles una orden ejecutiva que suspende la entrada física de extranjeros a través de la frontera con México.
La acción se sustenta en el argumento de que la migración irregular constituye una «invasión» al territorio estadounidense y busca con ello reforzar su compromiso de garantizar la seguridad nacional.
Dicha medida encuentra su fundamento en el Artículo IV , Sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos, el cual establece la obligación del gobierno federal de proteger a los estados contra la invasión.
De igual forma, Trump invocó también su autoridad inherente bajo el Artículo II de la Constitución y la Ley de Inmigración y Nacionalidad para justificar dicha orden.
De acuerdo a la nueva administración, esta decisión responde a solicitudes que de manera previa realizó el estado de Texas, entre otros, quienes han solicitado el apoyo federal para el manejo de lo que llaman una crisis migratoria sin precedentes.
«Seguridad nacional»
Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, explicó a periodistas que Trump firmó una orden para el despliegue de mil 500 militares.
«Esto es algo por lo que Trump hizo campaña. El pueblo estadunidense estaba esperando un momento como este, en el que el Departamento de Defensa tome en serio la seguridad nacional. Es una prioridad número uno para el pueblo estadounidense, y el presidente ya ha cumplido», afirmó.
Estos mil 500 nuevos efectivos se sumarán a los 2 mil 200 militares en activo y los 4 mil 500 reservistas de la Guardia Nacional de Texas que ya se encuentran desplegados en la frontera y desempeñarán funciones similares a las que los efectivos ya presentes realizan, enfocadas a apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) con labores de logística y administrativas.
Cabe señalar que actualmente los efectivos desplegados en la frontera, no tienen autorización para realizar tareas policiales como sería el arresto de migrantes o la incautación de drogas.
Sin embargo, la orden firmada establece que el presidente de Estados Unidos evaluará en los próximos 90 días la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección de 1807, lo que permitiría a los militares asumir funciones de aplicación de la ley dentro del país.
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