Migrantes que cometan delitos podrían recibir pena de muerte tras nueva medida de Florida; críticos la califican como «inconstitucional».
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó este jueves un amplio paquete de leyes de migración con el objetivo de implementar la agenda de deportación a gran escala del presidente Donald Trump, entre las que se incluye la pena de muerte.
Los republicanos afirman que la iniciativa coloca a Florida —que durante muchos años fue refugio para migrantes— a la vanguardia de los estados con gobiernos conservadores que llevan a cabo laborales para sacar provecho de los recursos estatales y locales para la aplicación de las restricciones de migración a nivel federal.
Mientras los partidarios de Trump en las capitales estatales de todo el país se apresuran a cumplir con el punto prioritario en la agenda presidencial, los legisladores en Florida se preparan para una posible disputa contra los tribunales a medida que avanzan en una disposición que, según los críticos, es inconstitucional.
La nueva medida de Florida impone la pena de muerte para los migrantes que se encuentran en el país irregularmente y hayan sido declarados culpables de delitos como asesinato premeditado o violación de menores. Es una disposición que va más allá de las órdenes ejecutivas de Trump.
Aprobación de proyectos
La aprobación de los proyectos de ley por parte de DeSantis se produjo después de que la cúpula legislativa encontró un punto medio con el gobernador, resolviendo un estancamiento de varias semanas entre los principales republicanos del estado sobre la mejor manera de apoyar las restricciones de Trump contra la migración irregular.
Pero las tensiones entre los aliados del presidente y DeSantis —quien se atrevió a enfrentarse a Trump en busca de la nominación presidencial republicana— podrían no disiparse, ya que se tiene previsto que el gobernador mantenga aspiraciones presidenciales para 2028.
Pero fue un proceso doloroso, luego de que DeSantis criticó las propuestas anteriores de los legisladores, calificándolas de “débiles” y una “traición” a los votantes, antes de finalmente firmar un paquete negociado.
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