El gobierno de Tamaulipas y Morena se deslindan de ‘asesor jurídico’ de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en México.
El gobierno de Tamaulipas y el partido Morena se deslindaron de la participación del abogado Juan Manuel Penilla. Esto, luego de que los panistas Jorge Triana y Federico Döring hicieran el señalamiento, tras aparecer el nombre del asesor legal en la carta que la defensa de Ismael ‘El Mayo’ Zambada presentó ante el consulado de México en Nueva York para solicitar asistencia jurídica frente a la justicia estadounidense.
El gobierno de Tamaulipas informó que Penilla no es servidor público, ni asesor honorífico de la administración de Américo Villarreal, al tiempo que exhibió una captura de pantalla del Periódico Oficial del 10 de enero de 2024, en donde quedó sin efecto su nombramiento para cumplir con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública.
“El documento que se expidió en su momento quedó anulado tras una valoración de las propuestas de las organizaciones civiles como consta en el Periódico Oficial del Estado”, dijo el gobierno tamaulipeco.
Además, se deslindó de “cualquier mal uso que pudiera haberse dado al documento que ha circulado en redes sociales”.
Morena lo niega
Por otra parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, publicó una tarjeta informativa en la que negó la participación de Penilla en la campaña del partido guinda durante el proceso electoral de 2024.
“Tras una revisión exhaustiva en nuestras bases de datos y, contrario a lo dicho por la oposición, NO EXISTE NINGÚN REGISTRO de que Juan Pablo Penilla Rodríguez haya formado parte de la asesoría legal de la campaña de nuestro Partido-Movimiento en dicho proceso electoral”, aseguró.
La semana pasada, la defensa del cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, pidió al gobierno de Claudia Sheinbaum su intervención para lograr su repatriación a México, dado que señala que fue llevado ilegalmente a Estados Unidos y, por tanto, no se aplicó el tratado de extradición entre ambos países, por lo que ahora puede ser sujeto de la pena de muerte, prohibida expresamente en el convenio entre las dos naciones.
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