Crimen controla precios en 10 estados de México; Entre los productos controlados están el refresco, la cerveza y útiles escolares.
El crimen organizado no solo controla territorios en México, también ha extendido su influencia a la economía cotidiana. En al menos nueve estados del país, grupos delictivos imponen precios y obligan a comerciantes y consumidores a someterse a sus reglas. La práctica abarca desde la venta de tortillas y carne hasta útiles escolares, refrescos y agua embotellada.
De acuerdo con una investigación de El Universal, los estados más afectados son Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Durango, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco. Allí, las organizaciones criminales utilizan dos mecanismos principales: el encarecimiento artificial de productos básicos y la imposición de proveedores exclusivos, que en muchos casos distribuyen mercancía robada.
Un comerciante de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, relató bajo anonimato: “El crimen organizado acapara todo, entonces si una persona cuenta con una tienda debe comprar en las bodegas que ellos tienen, en caso contrario, firma su sentencia de muerte… por ejemplo, si el kilo de arroz vale 20 pesos, los establecimientos lo venden a 25; la carne vale 200 y la dan en 230 o 240”.
Monopolios locales
En Michoacán, cárteles como Los Viagras y Los Blancos de Troya, aliados del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), controlan la distribución de abarrotes, refrescos, cerveza y carne. Incluso regulan las rutas de transporte: los productos que viajan de Apatzingán a Tepalcatepec deben cruzar zonas dominadas por sus células, o de lo contrario los comerciantes enfrentan bloqueos y amenazas.
La situación se replica en Guerrero, donde grupos como Los Ardillos, Los Tlacos y Los Granados dominan la venta de alimentos básicos y servicios. En municipios de Costa Grande, Taxco y Chilpancingo, los criminales no solo fijan precios, también han creado cadenas de bares y controlan parte del transporte público.
En Tamaulipas, los delincuentes obligan a comerciantes a comprar carne, huevo y cerveza con proveedores que ellos designan. La práctica alcanza hasta eventos masivos, donde los organizadores deben pagar cuotas para evitar represalias.
Extorsión en el mercado
El fenómeno no se limita a la canasta básica. En Veracruz, el crimen organizado ha presionado incluso al transporte público: boletos que antes costaban 10 pesos ahora se venden a 12 tras la intervención de grupos locales. En la Comarca Lagunera de Durango, transportistas, agricultores y ganaderos denuncian amenazas y cobros de piso, muchas veces con la complicidad de autoridades municipales.
Oaxaca, por ejemplo, cuenta con otras formas de extorsión. Empresarios han reportado cobros por “protección” y préstamos conocidos como gota a gota, manejados por células de origen colombiano. Además, agricultores han sido forzados a vender productos como el mango a precios muy por debajo del mercado: cajas que deberían pagarse en 900 o 1,200 pesos se compran en apenas 250.
En Morelos, las cámaras empresariales calculan que más del 50% de los negocios pagan derecho de piso, incluidos vendedores ambulantes. En Cuernavaca, las amenazas han llegado al transporte público: se advierte con incendiar unidades o atacar choferes si no se cumplen las cuotas.
La consecuencia inmediata de este control criminal es el incremento en el costo de vida y la quiebra de pequeños comerciantes. Los consumidores terminan pagando más por productos esenciales, mientras que los negocios independientes se ven obligados a cerrar o a integrarse a la red de distribución impuesta.
También te podría interesar. EU examinará «a fondo» solicitudes de visa de aficionados para el Mundial 2026; entrar será «más difícil» para unos países, dice Trump
