El caso, Dato Protegido, llegará a la CIDH; los políticos no quieren rendir cuentas, asegura Karla Estrella.
Luego de cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación derivada de la denuncia por violencia política de género de la diputada Diana Karina Barreras, la ciudadana Karla Estrella llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pues, sostiene, “no debemos dejar tan cómodos a los actores políticos, a que nadie les cuestione”.
“Debemos estar pendientes, analizar lo que hacen [los políticos], exigirles y motivarlos también cuando las cosas están bien para que hagan las cosas como debe ser”, afirma Estrella.
Karla lamenta que la clase política utilice una norma, pensada para proteger los derechos de las mujeres y tipificar la violencia política por razones de género, en contra de una expresión, mientras protege sus propios intereses.
“No sabía qué hacer, ni siquiera sabía que existían esas demandas y que yo como ciudadana podía ser sujeto de una denuncia. Me daban muy poco tiempo para apelar eso, eran 2 o 3 días, era una situación así de locos”. Recuerda Karla al contar sus primeras impresiones por la denuncia de la diputada petista y el proceso que derivó en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Controversia viral
La sentencia en contra de la tuitera incluyó el pago de una multa, la obligación de tomar un curso impartido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), llamado “El ABC de la igualdad y la no discriminación”, y figurar en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por 18 meses. Pero la sanción más polémica fue otra, la misma que le valió a Diana Karina Barreras el mote de “Dato Protegido”: la obligación de disculparse por 30 días con la política a través de X.
Así inició una controversia que escaló hasta hacerse viral y generar debate en diversos espacios públicos y virtuales: la ciudadana ama de casa recibió un castigo por cuestionar, a través de las redes, “un posible caso de nepotismo”. Esto despertó la inconformidad de grandes grupos de la sociedad civil y se reflejó en una amplia cobertura de los medios de comunicación. En el terreno de lo personal también hubo cambios.
La controversia escaló tanto, dijo, que tuvo que “dejar de hacer mis actividades por estar atendiendo una denuncia, por estar viendo estas situaciones legales. Una ya no quiere más problemas, entonces sí hay autocensura, sí hay miedo de tuitear y que te vuelvan a denunciar”.
La ciudadana está decidida a recurrir a la Corte Interamericana, pues considera que en este organismo internacional se verá cómo los tribunales se contradijeron en sus propias sentencias “y mis derechos fueron violentados por lo mismo: una serie de situaciones que se fueron dando al momento de sesionar, de interpretar la ley”.
La idea es que el recurso se presente cuanto antes y que la acompañe la organización Artículo 19, organización internacional que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información.
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