La agencia Fitch prevé que la Reforma Eléctrica del Gobierno Federal desatará arbitraje internacional por sus afectaciones.
La Reforma Eléctrica del Gobierno mexicano desatará arbitrajes internacionales por las afectaciones a la inversión privada. Así lo advirtió este lunes la agencia Fitch en un reporte.
“Inversionistas extranjeros de países con tratados bilaterales de inversión y acuerdos de libre comercio con México podrían impugnar la ley en cortes de arbitraje internacional en un esfuerzo para proteger sus inversiones y recibir compensación monetaria”. Esto indica el reporte publicado por la agencia.
La calificadora recordó que la iniciativa busca limitar a 46 por ciento la participación privada en la generación de electricidad de México. Por ahora, esta es de casi el 60 por ciento. La disminución “añadiría incertidumbre a la futura demanda y precio”.
Además, desaparecería a los reguladores autónomos de energía y cancelaría los contratos de autoabastecimiento. Asimismo, priorizaría las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las renovables de privados.
Fitch consideró que «la propuesta podría debilitar aun más el Estado de derecho de México y podría desincentivar futuras inversiones privadas en el sector”.
De igual manera, la agencia señaló que la propuesta pondría bajo control de la CFE «toda la cadena de suministro eléctrico», incluyendo la generación, transmisión, distribución y suministro. Esto, afirma Fitch, “acabaría con la autonomía del operador independiente del sistema”.
En cuanto a la demanda eléctrica del país, la agencia señaló que para satisfacerla, la CFE tendría que incrementar su ritmo de inversión y desarrollo. “Si la iniciativa pasa, Fitch cree que la capacidad del sistema estaría presionada a partir de 2024, y que la participación privada sería necesaria para ejecutar los nuevos proyectos de generación que se necesiten”, argumentó.
Posturas encontradas
El informe recordó que Morena pospuso el debate de la reforma hasta el 2022, a pesar de ser prioridad para el presidente López Obrador.
Por su parte, el PRI anunció que no discutirá la iniciativa hasta pasadas las elecciones de 2022, donde seis de las 32 entidades renovarán gubernaturas.
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