Al considerar que atenta contra la libertad de expresión, el SCJN echa para abajo la Ley General de Comunicación Social.
Este lunes, la Suprema Corte volvió a dar de que hablar. En esta ocasión debido que al apuntar que atenta contra la libertad de expresión y otorga lo que se mencionó como una ‘enorme discrecionalidad’ al gobierno para el gasto en difusión, la SCJN echa para abajo la Ley General de Comunicación Social.
Debido a esta resolución, la SCJN mandó esta ley de regreso al Congreso de la Unión. En dicho lugar, deberá ajustarse a los criterios que propuso el Máximo Tribunal aunque también podría derogarse para dar paso a una nueva versión. También por esta decisión, se ordenó al Congreso subsanar omisiones detectadas por los ministros.
Esta ley, que fue inicialmente impulsada durante el gobierno de Peña Nieto, se consideró que otorga una ‘enorme discrecionalidad’ al gobierno federal para ejercer el gasto en difusión. Esto atentaría contra la libertad de expresión porque no tiene fundamentos claros para el ejercicio del gasto público, particularmente en el área de contratación de medios.
“Este tribunal constitucional considera que la Ley General de Comunicación Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2018, no cumple a cabalidad con la tarea que el texto fundamental le encomendó; particularmente porque no esclarece ni detalla los criterios a que debe estar sujeto el gasto en comunicación social; ni tampoco dispone procedimientos concretos y reglas específicas encaminadas a garantizar que el ejercicio de dicho gasto cumpla con los criterios indicados; disminuyendo así la discrecionalidad de los agentes gubernamentales involucrados”, señaló el proyecto avalado.
Todo esto surgió de un amparo que posicionó la organización Artículo 19. Ante esta resolución, se le concedió la protección constitucional a esta organización.
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