Aunando las disputas por la obra, colectivos en el sureste demandan a cinco empresas que han participado en la construcción del Tren Maya.

Aunando las disputas por la obra, colectivos de medio ambiente en el sureste demandan a cinco empresas que han participado en la construcción del Tren Maya.

Continúan las disputas legales en el sureste de México. Ante la controvertida obra insignia del presidente en esta zona, varios colectivos de medio ambiente juntan fuerzas y demandan a cinco de las empresas que han participado en construir el Tren Maya; además, piden un monto para reparar los daños que ronda los 27 mil millones de dólares, lo cual equivaldría alrededor de 572 mil millones de pesos.

Este recurso legal vino por parte de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE). Este grupo, con esta demanda, tratan de buscar que todas las empresas que han trabajado en la construcción de esta obra puedan reparar el daño. En esta queja, las empresas bajo señalamientos son Grupo México, Acciona infraestructuras, México Proyecto y Desarrollos e ICA Constructora.

Sustentan la queja y piden detener la obra

Sobre esto, el presidente de la ONRE y el abogado que dirige esta demanda, Alberto Guerrero Rojas, expresó sus argumentos legales para interponer este recurso.

«Si el juez ve acreditada que no tengan permisos, la ley obliga a suspender todos los actos de ese desarrollo. (…) Dice la ley que ellos están obligados a reparar el daño, la infraestructura ecológica que tiraron los árboles que llegaron a tirar; hasta el agua que llegaron a contaminar», subrayó Guerrero Rojas.

Adicionalmente, el líder de esta organización declaró que tan solo con la falta de alguno de los requisitos en cualquiera de los tramos para construir, serían suficientes para detener la obra en su totalidad.

Para rematar, Guerrero Rojas destacó que la demanda la promovieron 52 personas en diversos colectivos ecologistas de la zona. Además, comentó que este recurso legal tiene como objetivo frenar el enriquecimiento ilícito de algunas empresas mediante proyectos sin los permisos correspondientes.

«El mensaje de este tipo de demandas es nadie puede hacer un negocio con un acto ilícito», aseguró.

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