La diputada federal por Tamaulipas, Olga Juliana Elizondo Guerra, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a diversas disposiciones de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. La diputada busca asegurar que dichas personas gocen plenamente de sus derechos.
De acuerdo con la OMS, en el mundo, uno de cada 160 niños posee algún trastorno del espectro autista.
En México, la relación es de uno por cada 115 niños, representando alrededor del 1% de la población infantil. Este porcentaje se traduce en 400 mil niños.
La legisladora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso propone eliminar el llamado certificado de habilitación del texto de la Ley. Este certificado se define en el artículo 3 fracción III de dicha norma como el «documento expedido por autoridad médica especializada, reconocida por esta Ley, donde conste que las personas con la condición del espectro autista se encuentran aptas para el desempeño de actividades laborales, productivas u otras que a sus intereses legítimos convengan”.
Con esto se pretende derogar de la Ley todo precepto discriminatorio que menoscabe los derechos fundamentales de las personas con espectro autista. Lo anterior a fin de asegurar el acceso a sus derechos sin estigmatizaciones.
Además se busca evitar la existencia de requisitos administrativos que afecten sus decisiones y su participación libre y autónoma en la vida social.
Sustento de la iniciativa
Olga Elizondo sustenta su propuesta legislativa en varias de las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre 2015 y 2020. Mediante ellas, esta autoridad judicial, invalidó diversas disposiciones de la ley vigente, debido a que vulneran los derechos de las personas con espectro autista.
En concordancia con las resoluciones del Máximo Tribunal, también propone reformar el artículo 10 fracción IX del citado ordenamiento. Con esta acción, se reconocería el derecho de este grupo poblacional a una educación y/o capacitación inclusiva y de calidad, tanto del sector público como el privado, estableciendo las medidas necesarias en los modelos de enseñanza, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así mismo, reivindica su derecho a tomar decisiones por sí solos o con asistencia de sus padres o tutores.
Finalmente, la diputada representante del Distrito Electoral Federal 2 de Tamaulipas sostiene que “es ineludible legislar en favor del pleno respeto de la voluntad de las personas con espectro autista para la toma de decisiones. De ahí que se pretende reconocer el derecho a manifestar por sí mismos sus propios intereses; y únicamente de ser necesario, dado al contexto en su condición, acceder a la asistencia de sus padres o tutores para el ejercicio de sus legítimos derechos, anteponiendo en todo momento su autonomía e independencia, toda vez que son inherentes a la dignidad humana”.
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