Por considerar que viven en riesgo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a once jesuitas que viven en la comunidad de Cerocahui en Chihuahua.
La CIDH expresa en su Resolución 2/2023 que los miembros de la comunidad jesuita corren riesgo de sufrir daño irreparable en sus derechos. Esto debido a que han sido objeto de amenazas y agresiones por parte de organizaciones criminales.
De igual forma, la Comisión solicita al Gobierno mexicano se adopten las medidas de seguridad que se requieren para proteger la vida y la integridad de los beneficiarios para que puedan continuar con su labor pastoral en la región.
En la petición presentada se argumenta que tras el asesinato en Cerocahui de Javier Campos y Joaquín Mora, sacerdotes jesuitas, el presunto responsable conocido como «el Chueco» permanece en libertad. Incluso se señala que se ha hecho presente en comunidades cercanas acompañado de otros sicarios.
«Estos habrían continuado amenazando con atacar al grupo de propuestos beneficiarios (de las medidas cautelares de la CIDH) y todas aquellas personas que les ayuden en sus labores».
Las medidas cautelares las solicitan diversos órganos como el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC (CEDEHM), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (COSYDDHAC).
Cabe señalar que se especifica que dicha medidas deberán informarse a la CIDH en un plazo de 15 días. De igual manera se solicita actualizar la información de manera periódica.
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