Durante la mañanera de este jueves 09 de febrero, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, arremetió contra los miembros del Poder Judicial de la Federación que ordenaron desbloquear las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino, exjefe de la Policía Federal cercano a Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) señalado en Estados Unidos (EE.UU) por presuntamente conspirar intencionalmente para distribuir una sustancia controlada (cocaína).
De acuerdo con el funcionario federal, los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que ampararon a Cárdenas Palomino aplicaron un criterio malinchista con el que «convalidaron actividades ilícitas».
Desde Palacio Nacional, el titular de la UIF reveló que dicho tribunal está conformado por «Jorge Antonio Cruz Ramos como presidente, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, que son magistrados del Poder Judicial de la Federación. Dicen ellos, repito exactamente los términos de la resolución del colegiado: la justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cárdenas Palomino, es una resolución definitiva e inatacable».
Pese a que el Gobierno Federal presentó un recurso ante el Tribunal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, señaló Pablo Gómez, los miembros del Poder Judicial de la Federación ordenaron retirar a Cárdenas Palomino de la lista de personas con cuentas bloqueadas.
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«Individuos que están siendo sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan actividades de lavado de dinero, son, pues, liberados del problema de estar en la lista de personas bloqueadas y de no poder realizar actividades en el sistema financiero mexicano por el poder judicial mexicano, que debería interesarse justamente en lo contrario», reprochó.
El amparo, que contó con la aprobación de la segunda sala de la Corte, se otorgó el pasado 23 de enero basándose en una jurisprudencia elaborada por el ministro Eduardo Medina Mora.
«Como es un procedimiento meramente nacional y no lo está solicitando ningún país extranjero, por lo tanto, carece de suficiente certeza y seguridad jurídica. Jurisprudencia elaborada en su momento por el ministro Medina Mora, aprobada por la segunda sala y que, no todos, pero los jueces aplican a ciegas», lamentó el titular de la UIF.
«No solamente es un criterio malinchista, es un criterio que sirve para convalidar actividades ilícitas, proteger no solamente a criminales de la delincuencia organizada, sino especialmente a los corruptos».
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