Afirmando que equivaldría a declararse culpable de actuar en defensa propia, Roxana Ruiz, joven oaxaqueña sentenciada a 6 años de prisión por matar a un hombre mientras la violaba, informó que no aceptará el indulto ofrecido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la mañanera de este viernes.
El abogado de Roxana Ruiz, Ángel Carrera, señaló que si su clienta aceptara el indulto estaría permitiendo que criminalicen la defensa contra agresores sexuales y amenazas de muerte. «No se le puede reprochar por defenderse», expresó, además de aclarar que el objetivo es obtener una sentencia absolutoria.
Sin embargo, el defensor agradeció el ofrecimiento porque reconoce la inocencia de Roxana y la injusticia de la que está siendo víctima, pues el fallo emitido en su contra hace unos días hace patente la violación de sus derechos fundamentales.
Explicó que un indulto equivale al perdón y que la joven oaxaqueña tendría que declararse culpable de la muerte de Sinahí «N», por lo que esa figuro no entra dentro de las hipótesis jurídicas que Roxana espera.
Carrera aseguró que el indulto procedería sólo cuando la sentencia esté firme y se hayan agotado la última instancia y recurso, de manera que no quede otra posibilidad, «y no estamos en esa hipótesis». Por ello, expuso que la defensa de Ruiz seguirá su ruta jurídica, agotando los recursos que la ley permite.
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La tarde de este viernes, la asamblea vecinal «Nos Queremos Vivas Neza» y el colectivo «Libertad para Roxana» marcharon desde Nezahualcóyotl, Estado de México (EdoMex), a la Ciudad de México (CDMX) para exigir la revocación de la sentencia.
Previamente, el abogado había indicado que el recurso de apelación debe interponerse ante el mismo Tribunal de Alzada de Texcoco, EdoMex, que revocó la medida cautelar que permitía a la joven llevar su proceso en libertad, situación que calificó de preocupante. Sin embargo, señaló, «tendremos que agotar ese recurso para llegar al amparo directo, en donde se tiene la confianza de una resolución favorable».
La agresión sexual se registró en mayo del 2021 en el domicilio de la víctima, una mujer indígena originaria del estado de Oaxaca que migró al Estado de México (EdoMex) para tratar de mejorar su condición económica y de vida. Tras nueve meses en prisión, las autoridades mexiquenses le permitieron continuar su proceso en libertad.
La sentencia se emitió el 15 de mayo del 2023, fecha en la que la jueza Mónica Palomino la declaró culpable del delito de homicidio simple con abuso de defensa en los juzgados Neza-Bordo.
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