Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), advirtió este lunes que el Estado de Derecho en México estará en riesgo si el Congreso de la Unión recorta el presupuesto que recibe el Poder Judicial de la Federación.
Durante una sesión junto con los miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la ministra presidente afirmó que un recorte al presupuesto llevaría al rompimiento del Estado de Derecho.
“El debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado, ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad sino (que) nos lleva al rompimiento del Estado de Derecho”, señaló la ministra Norma Piña.
También indicó que destinar menos recursos como método para afectar la función jurisdiccional en México pondrá en riesgo a los ciudadanos.
“Lamentablemente, la consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja para acceder a sus derechos”, sostuvo.
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En 2023, el Poder Judicial de la Federación recibió 5 mil 630 millones 534 mil pesos. Sin embargo, para este 2024 la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal pidió un aumento de 4% real, es decir, un promedio de 1.8 pesos por mexicano.
En ese sentido hizo un llamado a que el Congreso de la unión cumpla con sus responsabilidades y garantice que el Poder Judicial cuente con el dinero necesario para llevar a cabo sus funciones.
La ministra presidente aseguró que «proteger el acceso de la justicia a los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos».
Subrayó a los diputados la necesidad de no negociar el acceso de los mexicanos a la justicia y de poner a los ciudadanos primero al momento de repartir el presupuesto.
“El acceso real y efectivo de los mexicanos a la justicia no debe ser negociable. Esto no lo digo yo, se desprende de los controles y de los límites que establece nuestra Norma Fundamental para que este derecho no se reduzca a una simple declaración de buenas intenciones”, sentenció.
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