La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 51 mil millones de pesos, monto sin aclarar que corresponde al penúltimo año del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y es la suma de las tres cuentas públicas de 2023.
Ante los diputados, David Colmenares Páramo, titular de la ASF, destacó que solamente en el último informe hay un monto por aclarar de más de 48 mil millones de pesos.
“La cifra es respecto al Sistema Subnacional de Gobierno y prácticamente el doble de la determinada en la Cuenta Pública pasada (…) esto se explica por la mejora de nuestros procedimientos de auditoría, pero principalmente por la implementación de nuevas tecnologías de la información e inteligencia artificial”, señaló en su mensaje.
Cabe destacar que en la matriz de datos básicos del Informe consolidado de la ASF, el monto por aclarar durante el proceso de seguimiento de las acciones es de 43 mil 206 millones de pesos, por lo que el auditor aclaró que el monto recuperado es de 930 millones de pesos.
De igual forma, Colmenares Páramo indicó que en la fiscalización de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, se determinó un monto por aclarar de más de 8 mil 599 millones de pesos en las revisiones al sector público federal.
“De los cuales más del 80% de este monto se encuentra relacionado con entes como Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), IMSS, Pemex y Fonatur, por mencionar algunos”, especificó.
Añadió también que el 16% corresponde a «empresas productivas, subsidiarias y de control directo del estado y sólo un 4% se encuentra vinculado a las secretarías de Estado del gobierno federal”.
Revisión histórica
En relación a las auditorías forenses, Colmenares resaltó que “por primera vez se están realizando sobre entes que históricamente no habían revisado con este nivel de profundidad”.
Del orden federal destacan Diconsa, el Instituto Nacional de Migración, el IMSS y el INAI; en el orden estatal, poderes judiciales locales, dos universidades autónomas y los Servicios de Salud de dos entidades federativas”, señaló.
Aseguró que con estas 29 auditorías de tipo forense se determina un monto por aclarar de más de 6 mil 700 millones de pesos.
“Ahora bien, es de suma importancia tomar en consideración que todos los resultados con posible daño patrimonial pasan a una segunda etapa de fiscalización en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación”.
Colmenares Páramo resaltó que en esta etapa “se podrían aclarar las observaciones determinadas durante el proceso de auditoría, o bien, de no ser así, se daría inicio a las investigaciones correspondientes, la presentación de denuncias penales y procedimientos resarcitorios en contra de los funcionarios responsables, según corresponda”.
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