revocación de mandato o consulta

Dice el presidente López Obrador, que si el Instituto Nacional Electoral (INE) no se hace cargo de la organización de la revocación de mandato él, junto con muchos mexicanos, convocará a una consulta para saber si quieren o no que permanezca en el cargo de presidente de la República.

Dijo que el INE está en contra de la democracia pues no quiere realizar el ejercicio de revocación de mandato.

Según el punto de vista del mandatario; el INE pretende aumentar manera que definió como “truculenta” en miles de millones de pesos el costo del ejercicio, para no realizarlo.

Aseguró que, en ese caso, el ejercicio de la revocación de mandato no saldría tan caro; tendría apoyo de gobiernos estatales, municipales y de millones de ciudadanos. 

El presidente dijo que «El INE, que también para que no se lleva a cabo la revocación del mandato, la consulta están pidiendo muchísimo dinero; creo que 2 mil 500 millones de pesos para que la gente diga no tiene caso, ¿por qué gastar tanto en eso?

Son muy truculentos, cuando tienen a miles de trabajadores; nada más con que aporten los de arriba la mitad de su sueldo, los medianos que aporten el 25 y los de bajo, no, los que ganen menos de 10 mil, que no y que no haya comidas ni bebidas, que le bajen a los honorarios».

López Obrador dijo que el presupuesto del INE para la revocación del mandato «solo es la pinza» que cierra el acuerdo al que llegaron con el mismo propósito los salinistas; el ex secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; la señora del PAN, Josefina Vázquez Mota y Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano.

Siempre desde la perspectiva presidencial, se dice que todos ellos quieren que siga el régimen de privilegios y corrupción; que están en contra de la democracia, no quieren que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación del mandato.

No obstante sus afirmaciones, dijo que confía en que el próximo periodo de sesiones ordinario en el Congreso de la Unión se apruebe la regulación del ejercicio ciudadano; mismo que ya está contemplado en la Constitución mexicana y que se espera se lleve a cabo en el primer trimestre del 2022.

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