Los alumnos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) presentarán amparo para suspender el proceso de elección de director general.
Inconformes por cómo se ha desarrollado el proceso de elección para elegir al nuevo director general del CIDE, miembros de la comunidad presentarán una demanda de amparo indirecto que solicitará la suspensión del proceso en el que participa el actual director interino, José Antonio Romero Tellaeche.
Según explican, el origen del problema y crisis que atraviesa el centro de investigación se debe a que Romero Tellaeche, a pesar de asegurar que habría una transición pacífica en la institución tras la salida de Sergio López Ayllón de la dirección general, ha tomado una serie de decisiones arbitrarias, autoritarias y carentes de toda fundamentación. Entre estás se encuentran la destitución del exdirector de la sede Región Centro del CIDE, Alejandro Madrazo; la destitución de la doctora Catherine Andrews de su cargo de Secretaria Académica; ignorar la normatividad del CIDE; cancelar las evaluaciones docentes; y autoproclamarse como Director General del CIDE.
“Su inminente designación como Director General causará un perjuicio para la comunidad del CIDE”, subraya la Sociedad de Alumnos de Derecho.
Objetivo y argumentos del amparo
El objetivo del amparo, explican, es que se reponga el proceso de selección del director o directora del CIDE con candidatos idóneos y en igualdad de condiciones, en beneficio de toda la comunidad. Esto, ya que el candidato solo cuenta con dos candidatos: Romero Tellaeche y Vidal Llerenas; ninguno miembro del CIDE.
Entre los argumentos del amparo se encuentra, por ejemplo, que el artículo 134 de la Constitución Mexicana dice que los servidores públicos -como lo es el director general del CIDE- deben cumplir con los requisitos de imparcialidad y objetividad. “Las actuaciones del Dr. Romero Tellaeche demuestran que no se ha comportado de manera imparcial ni objetiva”, subrayan. Asimismo, el artículo tercero de la Constitución dice que la educación tiene que ser democrática y participativa, sin embargo, “la norma que establece la forma de designar al director general del CIDE no cumple con esos requisitos porque impide la participación de la comunidad estudiantil en tal decisión”.
Además, en el artículo octavo de la Constitución se establece el derecho a petición de la ciudadanía y el CONACYT incumplió con esto al no recibir y contestar el pliego petitorio presentado por la comunidad el viernes pasado.
Cabe destacar que este miércoles, el candidato a Director General iba a tener una entrevista con la Comunidad de exalumnos del CIDE; sin embargo, canceló de último minuto por «cuestiones administrativas».
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