El INAI confirma la controversia constitucional en contra de las obras de seguridad nacional del presidente López Obrador.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) confirma la controversia constitucional en contra de las obras de seguridad nacional de AMLO.

El INAI informó que ya alista una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta, en contra el acuerdo que declara a los proyectos y obras de infraestructura del gobierno como de interés público y seguridad nacional.

El pleno del INAI determinó ejercer el control constitucional con el que buscará evitar que dependencias y entidades de la administración pública reserven por «seguridad nacional» la información relacionada con los proyectos y obras del gobierno.

Se advierte una posible transgresión al artículo 6º de la Constitución. Esto ya que la seguridad nacional es un presupuesto de reserva de información,  de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

“En ese sentido, se corre el riesgo de que los sujetos obligados que generan la información de estos proyectos puedan pretender reservar información con base en el Acuerdo; lo cual vulneraría el derecho de acceso a la información”. Así lo señaló el Instituto.

El organismo indicó que cuenta con un periodo de 30 días hábiles para presentar ante la Corte la controversia constitucional.

«No tiene nada que ver con la transparencia»

Durante la conferencia matutina del martes, el presidente López Obrador aseguró que el acuerdo busca «agilizar trámites» para que la burocracia no detenga su avance.

“Es un acuerdo para agilizar trámites; y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que están trabajando el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos”, apuntó.

El mandatario mencionó que el acuerdo busca dar tiempo a las constructoras para presentar la documentación correspondiente. “Eso fue lo del acuerdo, es un asunto interno entre dependencias. Por ejemplo, que Medio Ambiente ayude a Comunicaciones y Transportes o ayude a Fonatur en las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que tengan el tramo y no se detenga la obra porque tenemos que avanzar. Tenemos que concluir las obras”, explicó. «Esto no tiene nada que ver con la transparencia», agregó.

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