El presidente Andrés Manuel López Obrador, se declaró en desacuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que elimina el plazo para que exfuncionarios trabajen en el sector privado.
Anteriormente, la restricción era de 10 años para que exfuncionarios entraran al sector privado. El mandatario expresó “No estoy de acuerdo con eso, hay que buscar la forma, yo no me voy a quedar callado ante esas aberraciones”.
Durante su conferencia matutina, en Palacio Nacional aseguró que el fallo de la Corte es regresivo; esto porque expresidentes como Ernesto Zedillo y Felipe Calderón; cuando terminaron su encargo, se fueron a laborar a empresas privadas que ellos mismos beneficiaron durante su gestión.
En este tema lo dijo así:
“Es una aberración (…) la vergüenza nacional de que el que privatizó los ferrocarriles; el que acaba con la historia de un siglo y medio de ferrocarriles nacionales; Ernesto Zedillo se va a trabajar a la empresa a la que le entregó los ferrocarriles. Y Calderón hace lo mismo, y ayuda a Iberdrola, empresa monopólica que controla la electricidad en España y le ofrece a Calderón como consejero de la empresa”.
Señaló el titular del Ejecutivo Federal que otro caso es el de Jesús Reyes Heroles González, exdirector de Pemex; quien al terminar su cargo comenzó a trabajar en el sector privado de energía.
“Entonces ¿cómo es que ahora la Corte nos corrige la plana?”, cuestionó el presidente al recordar que implementó la Ley Federal de Austeridad Republicana que establecía la restricción laboral a exfuncionarios.
Lo que provocó el desacuerdo del Presidente es que ayer, el pleno de la Corte invalidó el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Austeridad.
Dicho párrafo establecía una restricción de diez años para que los servidores públicos de mando superior pudieran laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público.
La SCJN argumentó que dicha medida incide de manera injustificada en la libertad de trabajo, profesión, comercio e industria; lo anterior pues impide a los funcionarios prestar libremente sus servicios a la iniciativa privada.
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