EE.UU cuestiona compromiso de AMLO con la transparencia - FARO INFORMA
compromiso de AMLO con la transparencia

Por medio de su informe “2022 Investment Climate Statements: Mexico”, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU) cuestionó el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con la transparencia. Y es que el decreto para nombrar sus obras prioritarias como de “seguridad nacional” levantó “preocupaciones” en el Gobierno estadounidense. 

Asimismo, el documento recordó que “en diciembre del 2021, el presidente emitió un controvertido decreto que nombraba estos proyectos como prioridades de seguridad nacional. Lo que les permitía proceder antes de la finalización de los estudios de impacto ambiental y de otro tipo”.

Añadió que “aunque los tribunales prohibieron el decreto, sigue generando preocupaciones sobre el compromiso” de AMLO “con la transparencia”.

Fue el 22 de noviembre del 2021 cuando la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto del presidente. De acuerdo con la publicación, éste considera como de “interés público y de seguridad nacional” a los proyectos impulsados por el Gobierno Federal.

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Señaló que el decreto incluye las obras relacionadas con los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico y salud. También abarca las vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, puertos, aeropuertos, entre otros.

Gracias al decreto, el Gobierno mexicano ha conseguido evitar que los amparos presentados por organizaciones ambientales afecten las obras de uno de sus proyectos insignia: el Tren Maya. 

En respuesta a la petición de la organización civil “Litigio Estratégico”, la titular del Juzgado Décimo Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Celina Angélica Quintero Rico, otorgó en marzo pasado una suspensión definitiva contra el acuerdo del Gobierno Federal.

La sentencia concedió “la suspensión definitiva a favor de la quejosa. Únicamente referente a que los actos reclamados no sean considerados como de “interés público y seguridad nacional”. Y con ello, no se restrinja el acceso a la información y documentación relacionada con dichos proyectos de infraestructura”. 

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