Muerte de 40 migrantes

La muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez sigue impune, denuncian activistas. Han pasado ya poco más de seis meses del incendio en el centro migratorio que acabó con la vida de 40 indocumentados.

En en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicada cerca de la frontera con Estados Unidos, todavía hay decenas de zapatos quemados de las víctimas en el suelo. Estos hechos son considerados en otros países como un crimen de Estado.

El lugar donde murieron las cuatro decenas de migrantes y otros 27 resultaron heridos aún permanece lúgubre. Las paredes todavía tienen manos de hollín pintadas, huellas de quienes salieron con vida y las ventanas ahumadas.

Los migrantes estaban asegurados, encerrados por el gobierno federal, a unos metros de la frontera con Texas. Esto, frente al edificio de la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez y a unos metros del puente internacional Paso del Norte.

Pese a que el gobierno indemnizó a las familias de las víctimas, no se ha hecho justicia y castigado a los responsables de los hechos.

Migrantes rechazan albergues

Ahora, los migrantes que llegan en las nuevas olas desconfían de su estancia en los albergues, por temor a morir quemados.

Ernesto Vasconcello, abogado migratorio que vivió el caso de cerca, expresó que “ninguna indemnización es suficiente” cuando se trata de vidas. Cuestionó el que Francisco Garduño, titular del INM, sólo enfrente un cargo judicial.

También, el coordinador local de albergues, Miguel Fierro, criticó el que el funcionario federal siga al frente de la dependencia, como ha defendido el presidente.

La activista de Abara, Rosa Mani, quien es integrante de la organización binacional enfocada en apoyar a los migrantes, lamentó que “definitivamente ha sido una tragedia que vino a marcar en la frontera“.

“Desafortunadamente, esta situación nos ha traído muchas secuelas, (también) a las personas migrantes. Mismos, quienes llegan a la ciudad y ellos dicen ahora no querer entrar a un refugio porque piensan que lo van a quemar”.

Dijo que siguen trabajando para que se haga justicia, pues aún hay migrantes afectados que esperan respuesta del gobierno.

Así mismo criticó que los directivos estén libres, mientras que otros trabajadores que no estuvieron relacionados con el incendio estén presos y a la espera de que se dé celeridad al juicio.

El pastor Miguel Ángel González, quien preside la red de 13 albergues “Somos Uno por Juárez”, coincidió en que tras seis meses no hay mucho avance en el caso. “Creemos que no es lo más correcto en cuanto a justicia. Vemos a un funcionario de alto nivel opinando respecto a esta contingencia migratoria como si no hubiera pasado nada”, dijo.

En tanto, el titular de Migración pidió que le suspendieran el proceso penal por el que se le imputa parte de la responsabilidad en la tragedia.

“Tenemos que presentar un programa integral de reparación del daño a las víctimas y ya después que se presente solicitaremos esa audiencia otra vez. En esta causa penal solo estoy acusado por el uso indebido del servicio público, no por lo que sucedió en la estación migratoria”.

Aseguró que ya se hizo el depósito de los 140 millones de pesos para las familias de los migrantes y a cada uno se les dieron 3.5 millones.

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Así mismo, a las personas lesionadas se les dará de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para la reparación total del daño.

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