Por Autor Conocido
Gabriela, Alejandro, su hija y la justicia
El pleito entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña en el Senado de la República pasó inmediatamente muy a tercer plano en Tampico el pasado fin de semana. No fueron las compras de pánico por el regreso a clases con sus tumultos en los negocios a fin de obtener los últimos artículos y estar listos rumbo al nuevo periodo escolar.
Todo se concentró en los vídeos originados en la colonia Manuel E. Díaz, un sector de clase media pegándole un poco a la media alta en Ciudad Madero. Esas imágenes constataron la presencia de un actuario, acompañado por elementos de la Guardia Estatal, procediendo a constatar la patria potestad en favor de un padre, Alejandro Ávila Limas, doctor de profesión.
Este último, mencionó horas más tarde, había solicitado a los juzgados familiares tener contacto con su hija, argumentando la negativa de la madre y quien fuera su esposa, Gabriela Salazar Bujanos. Esta pareja legalmente casada, protagonizó noticias por las redes sociales de su separación en medio de acusaciones fuertes: violencia, agresiones físicas y verbales, amenazas y demás.
Lo sucedido el pasado viernes lo determinó la jueza tercera.familiar Roxana Ibarra Canul. En el zafarrancho se retuvo y agredió al abogado de la madre Néstor Luna, conocido en la clase política tampiqueña por ser dos veces regidor y empleado en la pasada administración panista. Los audiovisuales dejaron constancia de cómo sujetos acompañantes del papá le tiraron el teléfono mientras grababa y le aventaron un elemento de seguridad.
Las versiones y la decisión
La novela prosiguió durante la tarde-noche, con las diversas versiones de Alejandro minutos después de tener a su hija en sus brazos. Gabriela hizo lo propio internada en un hospital privado local, compartiéndose las publicaciones de su rostro, desesperada por impedir que su ex marido se llevará a la niña.
De todo lo anterior y en un asunto muy particular entre un ex matrimonio con diferencias muy grandes, al grado de ver más por sus propios intereses en lugar de la paz mental de una menor de edad, el Poder Judicial debió intervenir. Por supuesto, el tema es polémico, escabroso, sensible, de opiniones encontradas, una auténtica bomba.
Y a partir de esto, la entrada de nuevos jueces y magistrados en el ámbito federal y estatal puede tomar lo anterior como un precedente, a fin de saber cómo actuar y resolver conflictos de este tipo, más aún cuando la necedad de ambas partes puede más que un bien colectivo.
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